La ONU y la OEA exigen nuevamente el respeto de los DDHH en Nicaragua

el quinto informe periódico sobre derechos humanos en Nicaragua, contó con la marcada ausencia del Estado de Nicaragua, quien invitado en varias ocasiones a responder, dialogar y debatir las preguntas y dudas sobre el informe –tardíamente presentado– se negó ha hacerlo, limitando su participación «en calidad de escucha».

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en su 70º período de sesiones –27 de septiembre a 15 de octubre de 2021– expresó su preocupación  por «el cierre de espacios participativos y de diálogo tanto a nivel nacional como internacional en particular con mecanismos de promoción y protección de derechos humanos».

Al régimen de Daniel Ortega no le gusta la rendición de cuentas de sus compromisos internacionales evadiendo explicaciones o posibles 'justificaciones' ante las sistemáticas denuncias ampliamente documentadas de violaciones de derechos humanos sobre todo desde el año 2018. 

Preocupan seriamente al Comité «las informaciones recibidas sobre la persecución, amenazas, acoso y actos de represalias contra defensores de derechos humanos, incluyendo estudiantes y docentes universitarios, médicos y personal médico por participar en las protestas contra las reformas a la Ley de Seguridad Social» de 2018.

Especial atención mereció en el examen periódico el tema de la corrupción. «El Comité está preocupado por informes que dan cuenta de altos niveles de corrupción e impunidad que persisten en el Estado parte». Asimismo, le preocupa la información recibida sobre el limitado acceso a la información de interés público y sobre «la falta de mecanismos eficaces de rendición de cuentas, lo cual impide una evaluación objetiva de las medidas adoptadas para asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales».

Finalmente, el Comité ha resaltado las alegaciones de discriminación por motivos de opinión política que «han afectado a personas opositoras o críticas del Gobierno en cuanto al ejercicio y disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho al trabajo y el acceso a servicios de salud». 

Nueva resolución de la OEA

El Consejo Permanente de la OEA en sesión ordinaria virtual celebrada este 20 de octubre resolvió una vez más «reiterar su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos», en un texto que contó con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos del bloque regional y siete abstenciones, entre ellas las de las delegaciones de Argentina, Bolivia y México.

Las delegaciones diplomáticas dicen estar «alarmadas  por los hallazgos» de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expuestos el pasado 13 de septiembre, que detalla «detenciones arbitrarias de dirigentes políticos, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles» y la «cancelación de otros dos partidos políticos en mayo pasado», eliminando «todas las opciones posibles para las candidaturas de las principales agrupaciones de la oposición»

Esta es la segunda ocasión en lo que va del año que el Consejo permanente se pronuncia sobre Nicaragua, ya lo había hecho en junio pasado. Las delegaciones que apoyaron la nueva resolución continúan preocupados de que las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua no cumplen con los criterios mínimos para elecciones libres y justas tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana y, por lo tanto, debilita la credibilidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias que tendrán lugar el 7 de próximo noviembre.

Presos políticos y elecciones

El Consejo permanente de la OEA reiteró su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos y «toman nota con alarma del deterioro de la situación de los derechos políticos y derechos humanos en Nicaragua».

Sin embargo, el organismo continental admite que «los intentos del Consejo Permanente de comprometer al Gobierno de Nicaragua a la celebración de elecciones libres y justas han sido ignorados» y evidencian «el empeño del Gobierno de Nicaragua de minar el proceso electoral».

Finalmente y a pesar de que Managua ignora los reiteradas llamados de organismos internacionales de los que Nicaragua es parte, el Consejo Permanente «urge con vehemencia al Gobierno de Nicaragua a poner en práctica y sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como de todos los estándares internacionalmente reconocidos, incluidas las reformas electorales acordadas, con vistas a celebrar elecciones libres, justas y transparentes tan pronto como sea posible, bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble».

Este 7 de noviembre están convocadas elecciones, sin las mínimas condiciones democráticas y con todos los candidatos de la oposición bajo arresto. Aunque participan varios partidos políticos ninguno representa a la oposición organizada entorno a las protestas sociales iniciadas en 2018.