Una nueva ley en EE. UU. bloqueará ciertas importaciones de China

La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos ha aprobado una nueva ley que prohíbe importaciones de productos de la región china de Xinjiang. La nueva legislación se debe a la preocupación del gobierno estadounidense sobre la explotación laboral en China -y la constante presión de Washington contra los abusos de Beijing a la minoría musulmana uigur.

Se aprobó la medida por voto unánime. Un compromiso legal entre diputados empujó a eliminar las diferencias legislativas en el Senado y en la Cámara, permitiendo aprobar la iniciativa.

La semana pasada, la Cámara intentó presentar una versión más primitiva de esta ley de importaciones, pero no pudo llevarla hasta el Senado. Ahora, sin embargo, se espera que este último apruebe la versión renovada, que el presidente Joe Biden firmará una vez llegue a la Casa Blanca.

«La administración colaborará estrechamente con el Congreso para implementar esta ley, que busca librar a las cadenas de suministros globales del trabajo forzado. Simultáneamente, trabajaremos con proveedores locales, incluyendo aquellos que aporten energías renovables» compartió en una declaración la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Los Republicanos y los Demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado llevan meses debatiendo como implementar legislación de protección a los musulmanes uigures en China.

Su nuevo compromiso legal asume la provisión de que todos los bienes venidos de Xinjiang se producen a través de la explotación a minorías, ya que el Gobierno chino ha establecido en la región una red de «campos de detención» para uigures y otros grupos musulmanes.

China niega los abusos en Xinjiang, que suministra globalmente una gran cantidad de los materiales necesarios para construir paneles solares. Sin embargo, tanto el Gobierno estadounidense como numerosos grupos de derechos humanos atestiguan que Beijing están llevando a cabo un genocidio en la zona.

Los Republicanos en Estados Unidos acusan desde hace meses a su presidente Joe Biden de ralentizar la legislación para no poner impedimentos a su agenda medioambiental de energías renovables, algo que los Demócratas niegan.