¡Los ciudadanos votan con los pies!

«Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por esta a los Estados, están reservados a los Estados respectivamente, o al pueblo»,  X enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América

Una de las grandes confusiones que existen en España respecto al sistema de gobierno de los Estados Unidos es el funcionamiento de un estado federal real. Bajo los términos de la declaración de derechos fundamentales, (el bill of rights), que se adoptó para asegurarse la aprobación por parte de los distintos estados de la antigua confederación, se afirmó que solo aquellos poderes explícitamente delegados en el gobierno federal podían ser ejercidos por este, quedando todos los demás reservados a estados miembros o sus ciudadanos. Dicho de otro modo, los estados, soberanos, ceden unos ámbitos de poder especificados en la constitución al gobierno federal. Todos los no enumerados permanecen con cada estado. Así, se generan situaciones tan extrañas para un Español, como que la ley penal, los impuestos, la educación o la legislación societaria, difieren de estado en estado, y en algunos casos de condado en condado. En sus 200 largos años de vida, la república americana ha vivido una permanente tensión entre el poder del centro y de la periferia. Algunos de estos casos causan asombro al otro lado del Atlántico. A modo de ejemplo, Delaware, siendo un estado minúsculo con menos de un millón de habitantes, decidió hace tiempo crear legislación para atraer a las empresas de Estados Unidos. Hoy en día el 50% de las sociedades cotizadas en el país están incorporadas en Delaware y el impuesto societario (no de rentas, sino impuesto de franquicias) genera más del 20% de los recursos de la administración pública del estado.

Este principio constitucional genera una serie de competiciones entre estados que algunos han llegado a describir como «una carrera hasta el fondo». Los estados altamente intervencionistas y con impuestos muy elevados se quejan regularmente de aquellos que, por elección legislativa, o imposición constitucional (si, cada estado tiene su propia constitución) han optado por no tener impuestos estatales sobre la renta. Un residente en Florida, por ejemplo, solo paga el impuesto federal sobre la renta (10%-37%), y el estado se financia principalmente a través del impuesto sobre las ventas y el IBI. De este modo, el presupuesto de Florida, que recibe más de 131 millones de turistas al año y tiene un alto porcentaje de propietarios de inmuebles vacacionales, es «subvencionado» por no residentes. A modo comparativo, el tipo marginal aplicable a un residente neoyorquino es 52% (37% + 9.6% (estado) + 4.4% (New York City)) y a un californiano 50.3% (37% + 13.3%).

Históricamente, esto no tenía grandes efectos, ya que los estados con tasas impositivas más altas –Nueva York, California y Massachusets–, retenían a su población dado que, a pesar de los impuestos más altos, las oportunidades, la densidad de talento y de empresas, los salarios más elevados y las oportunidades de crecimiento profesional aseguraban que la creme de la creme de la juventud americana seguía acudiendo, cuan becerros, a sus lucrativas minas de sal. La emigración consistía principalmente en pensionistas en busca de estirar sus dólares de la pensión.

Pero el COVID cambió todo. La sociedad americana se ha acostumbrado a trabajar mirando a una pantalla con camisa Oxford y gayumbos que esquivan a la cámara, todo mientras están en la cocina con un fondo artificial que hace parecer que están en el Golden Gate Bridge... Y no pasó nada. Para mas INRI, los estados confiscatorios antes mencionados decidieron subir (aun más) los impuestos y apretar más las tuercas de sus pobres contribuyentes. El resultado no se hizo esperar. Las hordas mudándose hacia estados donde no existe el impuesto sobre la renta –Florida, Nevada, Tejas, etc.– han sido tan notables que, a modo de broma, el gobernador de Nueva York fue nombrado el agente inmobiliario del año de Florida este año.

Pero las diferencias con España no acaban ahí. En los EE.UU. El gobierno federal solo cobra los impuestos legislados por el congreso federal (renta, seguridad social, impuestos societarios sobre la renta, etc.) y cada estado tiene su propia hacienda, se encarga de cobrar sus propios impuestos, y manda las facturas a los contribuyentes con su propio membrete. Así, un ciudadano de NY paga a la hacienda federal lo que le corresponde, y a la hacienda neoyorquina, lo que está le pide. Este sistema asegura que, a la hora de votar, los ciudadanos saben exactamente quien se lleva el beneficio del sudor de su frente y en que lo gasta...

Sorprendentemente, cuando al sheriff de Nottingham (perdón, de Nueva York), se le va la mano, sus ciudadanos votan con los pies, y, haciendo alarde de la movilidad geográfica de la sociedad americana, cogen sus bártulos y se van a sitios donde no les atraquen tan a menudo. Quizás esta es una solución planteable en nuestra querida España, para que el ciudadano de a pie sepa quién le cobra, por qué, y quién le roba, y cuánto... A lo mejor cambiaban los discursos.