Sin pequeños alcaldes, no hay Elíseo

Para ser candidato a la presidencia de la República francesa no es suficiente con tener proyección mediática, controlar el aparato de un partido o disponer de los fondos suficientes para sufragar los costes de la campaña: es necesario, en primer lugar, contar con el aval de 500 parlamentarios nacionales, europeos, regionales y provinciales o alcaldes, de 30 provincias distintas, no pudiendo proceder de una sola más del 10 % del total.

En la jerga periodística se les llama «parrainages» (apadrinamientos), pero en realidad son presentaciones que los cargos electos -una por persona- autorizados, hacen de un potencial candidato ante el Consejo Constitucional, que en Francia hace las veces de juez electoral. Será, en tal calidad, el encargado de la convalidación definitiva de las candidaturas. A día de hoy pueden presentar candidatos alrededor de 42.000 candidatos, de los cuales unos 35.000 son alcaldes por lo que, en teoría, si todos apadrinaran a un candidato, podrían postularse unos 84 al Palacio del Elíseo.

Este sistema de filtros hunde sus raíces en los inicios de la Constitución de la V República, aún en vigor. En su texto original, la Carta Magna contemplaba la elección del presidente de forma indirecta, es decir, reservado a un colegio electoral compuesto por 82.000 personas entre parlamentarios nacionales y provinciales -aún no existían las regiones- y -otra gran diferencia con la ley actual- representantes de los consejos municipales. 

De ahí el mayor número de cargos capacitados para presentar a un candidato. Aunque estos solo precisaban de 50 presentaciones. Todo cambió cuatro años más tarde, en 1962, cuando el general Charles De Gaulle logró, mediante referéndum, que la elección se celebrase mediante sufragio universal directo. Desde entonces toda la vida política gala gira en torno a estos comicios. Sabedor de que el nuevo sistema anidaría las ambiciones más variopintas, De Gaulle elevó el número de presentaciones de 50 a 100.

La mayor severidad de las nuevas reglas no fue óbice para que brotasen candidaturas de fantasía: en 1965, uno de las promesas principales del peculiar empresario Marcel Barbu era la defensa de los perros maltratados; en 1969, un tal Louis Ducatel se presentó como el candidato de la «alegría de vivir» y en 1974, el monárquico Bertrand Renouvin pidió expresamente que no se votará para él. Estos antecedentes impulsaron al Parlamento a ampliar en 1976 el número de candidaturas de 100 a 500.

La principal consecuencia del nuevo procedimiento fue dificultar la labor de candidatos no arraigados en el sistema. Bien lo sabe, sin ir más lejos, Jean-Marie Le Pen, candidato en 1974, que no consiguió presentaciones suficientes para concurrir a la elección de 1981.

Por eso la precampaña se convierte cada cinco años -cada siete hasta 2002- para los candidatos con menos medios. En esta de 2022 hay tres candidatos que suman, teniendo en cuenta la tendencia consolidada de las encuestas, en torno al 40 % de los votantes. Son la populista Marine Le Pen, el (muy) conservador Éric Zemmour y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon. A día de hoy ninguno de estos tres está seguro de poder estar presente en la primera vuelta el próximo 10 de abril.

La presidenta de la Agrupación Nacional paga los pésimos resultados de su partido en las elecciones municipales de 2020 y regionales y provinciales de 2021, plasmados en la pérdida de un tercio de sus cargos electos: a día de hoy solo dispone de 306 presentaciones garantizadas. El polemista Zemmour, por su parte, goza de una enorme proyección mediática, pero es un recién llegado y su partido «Reconquête» no dispone de parlamentarios o alcaldes. En cuanto a Mélenchon, su sonada ruptura con el Partido Comunista le privó de la red caciquil de este último, que sigue siendo considerable a nivel local, pese a su inexorable decadencia a nivel nacional.

La otra cara de la moneda es la candidata socialista Anne Hidalgo, que no sobrepasa el 4 % de las intenciones de voto en ninguna encuesta, pero que no tendrá problemas para superar el corte: su partido mantiene feudos como París, Marsella o Estrasburgo así como importantes regiones y provincias. A título de ejemplo, Benoît Hamon, candidato socialista en 2017, gozó de 2039 presentaciones aunque al final solo cosechó el 6,36 % de los sufragios.

A los candidatos menos favorecidos por la legislación vigente les quedan dos opciones. La primera es organizar equipos de fieles militantes que recorran Francia de cabo a rabo para recabar presentaciones. Le Pen, Zemmour y Mélenchon abogan abiertamente por la supresión del carácter público de las presentaciones. Alegan, no sin razón, que los alcaldes de los municipios más pequeños podrían verse perjudicados -pérdida de subvenciones o sutiles amenazas de diversa índole- si sus nombres salen en la lista definitiva del Consejo Constitucional tras haber firmado presentaciones de candidatos populistas.

La segunda consiste en organizar una campaña mediática de tipo victimista en plan «la democracia estará en peligro si no puedo presentarme». Le Pen padre era un maestro consumado del ejercicio. Y con éxito: así logró presentarse cuatro veces entre 1988 y 2007. Tampoco se puede obviar que los grandes partidos se aprovechan del sistema para debilitar a sus adversarios, Por ejemplo, la cúpula socialista ordenaba a sus alcaldes favorecer a Le Pen para dispersar el voto de derechas. Las formaciones conservadoras se defendieron en 2002 favoreciendo discretamente la candidatura del disidente lepenista Bruno Mégret. Sin éxito: Le Pen alcanzó la segunda vuelta. En 2022 se conocerá la respuesta el próximo 18 de marzo, día en que el Consejo Constitucional publicará la lista definitiva de candidatos y también de quienes les han presentado.