Claves del naufragio del socialismo francés

El número 10 de la calle de Solférino, a dos minutos andando de la Asamblea Nacional, albergó entre 1981 y 2018 la sede del Partido Socialista (Ps), cuyo líder –Premier secretaire– de entonces, François Mitterrand, deseó expresamente un lugar visible y señero en el corazón del París político.

La apuesta fue acertada: durante 37 años, el palacete simbolizó perfectamente la mejor época del socialismo en el poder: los dos mandatos de Mitterrand, el eficaz lustro de Lionel Jospin al frente del Gobierno -pese a la derrota de 2002- y los inicios del mandato de François Hollande. Evocar el nombre de «Solférino» en la jerga política gala equivalía a hacer lo propio con «Ferraz» o «Génova» en la española.

Todo cambió a raíz de los 6,4 % obtenidos por el candidato del Ps, Benoît Hamon, en la elección presidencial de 2017. El magro resultado, confirmado en las legislativas de junio, desembocó en una hecatombe financiera que obligó a vender «Solférino» y mudarse a una sede más modesta en las afueras de París.

La decadencia saltaba a la vista de todos. Pero antes de echar el cierre al edificio –hoy sede de una multinacional perfumera– la cadena televisiva Public Sénat realizó un documental, «El adiós a Solférino», en el que, sentados en la antigua sala del Consejo Nacional, figuras del partido expiaban culpas acerca del naufragio y/o se las echaban a los demás. Su visualización rezuma más el ambiente de la consulta de un psiquiatra que el de un partido político. Cinco años después, el naufragio aún no se ha rematado.

Un naufragio del Ps tiene orígenes diversos. Incluso se podría remontar a la posguerra. La versión generalmente admitida por historiadores, analistas y hasta por varios protagonistas fija su inicio en marzo de 1983, fecha en que el Ps sufrió un batacazo en los comicios municipales, menos de dos años después de haber alcanzado el poder a nivel nacional después haber pasado casi un cuarto de siglo en la oposición.

El castigo se debió a la inoperancia de una política económica que incluyó medidas de corte colectivista –nacionalización de todo el sector bancario–, otras muy costosas –el derecho a una jubilación plena a los sesenta– y el intento de incentivar el crecimiento mediante el consumo, que a fin de cuentas se saldaron con un bloqueo temporal de precios –que apenas logró detener la inflación– y tres devaluaciones del franco. El paro, por su parte, aumentaba a pasos agigantados. La puesta en práctica de las promesas de 1981 había llevado al país a una quiebra técnica.

Mitterrand terminó por plegarse a la evidencia –presionado por su ministro de Economía, Jacques Delors– y operó un cambio radical, optando por el tournant de la rigueur, el viraje del rigor, es decir, por una fuerte reducción del gasto público y una subida de los tipos de interés para yugular la espiral inflacionista.

De ahí la necesidad de una reacción ideológica para paliar el descontento, que se plasmó, en su caso, en un apoyo incondicional, mediante subvenciones suculentas, de movimientos «antirracistas» cuya finalidad no era tanto luchar contra el racismo como plantar una batalla cultural a la derecha.

La jugada le salió redonda: tras capear la cohabitación con Jacques Chirac, fue cómodamente reelegido en 1988. Desde entonces, todos los gobernantes socialistas se han ceñido al ambiguo guion de combinar rigor económico con reparto de mimos ideológicos.

Es lo que hizo Jospin al compensar la austeridad y las privatizaciones masivas de finales de los noventa con la aprobación del Pacto Civil de Solidaridad, una unión civil de parejas, precursora del matrimonio homosexual.

Aunque la maquinaria ya dio ciertos signos de debilidad: en 1999, incapaz de convencer a los dirigentes de Renault y de Michelin de renunciar a sus planes de despido de trabajadores, el primer ministro aseguró que «no se puede esperar todo del Estado». La frase hizo mella entre los votantes socialistas e influyó en el terremoto electoral de 2002, que privó a Jospin de la segunda vuelta.

Diez años después, Hollande agudizó el fenómeno. En el mayor mitin de su triunfal campaña, aseguró que su «principal enemigo» era «la finanza». Los votantes confiaron y le llevaron en volandas al Elíseo. Pero al día siguiente de su toma de posesión nombró secretario general adjunto de la Presidencia, es decir, a un alto cargo de la Rothschild. Su nombre: Emmanuel Macron.

Dos años después, le nombró ministro de Economía. La segunda mitad del mandato de Hollande fue una guerrilla permanente entre Macron y sus dos leyes liberales y los frondeurs, el sector del grupo parlamentario que hacía las veces de guardián de las esencias.

Hollande dio la razón al primero que terminó traicionándole y ocupando su sillón en el Elíseo. Los votantes mostraron su hartazgo frente a dos décadas de cínica ambigüedad plasmada en promesas incumplidas. Y el azote se lo llevó Hamon.

El primer ministro Manuel Valls llevaba tiempo advirtiendo de la incompatibilidad entra las «dos izquierdas irreconciliables», la europeísta liberal y la estatalista de reminiscencias marxistas. No fue escuchado. Y solo se limitó a repetir lo obvio: en medio siglo el Ps no había hecho la necesaria adaptación doctrinal, al igual que los partidos aliados de Alemania y países escandinavos, hoy cómodamente asentados en el poder. Las ambigüedades pueden dar satisfacciones, pero terminan siendo contraproducentes.