La guillotina especial con la que Irán amputa los dedos de sus presos, foto de archivo
La ONU ruega a Irán que no ampute los dedos de ocho hombres acusados de robo
El Tribunal Supremo de Terán sentenció que se amputarían cuatro dedos de la mano derecha de cada uno de estos hombres, para dejar únicamente la palma y el pulgar
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha tenido que intervenir, escandalizada, en el juicio a ocho hombres acusados de robo en Irán. Como parte de su condena, el Tribunal Supremo de este país de oriente medio sentenció que se les amputarían cuatro dedos a cada uno.
El castigo consistirá en cortar cuatro dígitos de sus manos derechas, «de tal forma que sólo les queden la palma de la mano y los pulgares». Se espera que para la ejecución sean llevados a otra cárcel de la capital iraní, en Evin, donde, según los informes de la ONU, hay instalada una guillotina especial para dedos que ya fue utilizada anteriormente el pasado 31 de mayo.
Según la agencia AFP, la oficina encabezada por la alta comisionada Michelle Bachelet advirtió en un comunicado que estas penas, que implican la amputación de cuatro dedos de la mano derecha en virtud del Código Penal Islámico, podrían ser ejecutadas inmediatamente.
De los ocho condenados se ignora la situación de uno, que el 12 de junio fue trasladado del penal donde se encontraba, mientras que el resto están recluidos en la Gran Prisión Central de Teherán.
«Pedimos a Irán que revise urgentemente sus sanciones penales para eliminar cualquier forma de castigo corporal, incluidas las amputaciones, la flagelación y la lapidación, en consonancia con sus obligaciones en virtud del derecho internacional», señaló la portavoz de la oficina de la ONU Ravina Shamdasani.
Las organizaciones de la sociedad civil iraní informan de que entre el 1 de enero de 2000 y el 24 de septiembre de 2020 se han ejecutado sentencias de amputaciones a al menos 129 personas, en su mayoría pertenecientes a los sectores más pobres de la sociedad.
Shamdasani recordó que Irán es un estado miembro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 7 prohíbe la tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes.
