El Tribunal Supremo británico estudia la legalidad del referéndum independentista de Escocia

El Tribunal Supremo británico comienza a analizar el martes la legalidad del proyecto independentista en Escocia, cuyo gobierno regional pretende convocar un referéndum de autodeterminación en 2023 sin el consentimiento de Londres.

Informa AFP que el Partido Nacional Escocés (SNP), liderado por Nicola Sturgeon, que gobierna el parlamento autónomo de esa nación británica, quiere organizar una votación de carácter consultivo con la pregunta: «¿Debe Escocia ser un país independiente?».

Sin embargo, en aquella ocasión el ejecutivo escocés contaba con el acuerdo del gobierno conservador británico de David Cameron, a diferencia de ahora, que choca con la oposición de la primera ministra Liz Truss.

Como su predecesor, Boris Johnson, Truss defiende que este tipo de consultas solo se pueden permitir «una vez en una generación».

En 2014, el principal argumento contra la secesión fue que esta dejaría a Escocia fuera de la Unión Europea.

Pero paradójicamente, dos años más tarde el referéndum sobre el Brexit - contra el que votaron una gran mayoría de escoceses, 62 %- acabó sacando a la región escocesa del bloque comunitario contra su voluntad.

Argumentando que esto cambió completamente la situación, Sturgeon proyecta una nueva convocatoria.

Y ante la negativa de Londres, que domina el parlamento nacional de Westminster, quiere hacerlo bajo la cobertura de una legislación aprobada a tal efecto por la cámara regional escocesa.

Eso es precisamente lo que deberán determinar los cinco jueces del Tribunal Supremo: si Escocia tiene capacidad para legislar al respecto.

«Si Westminster tuviera algún respeto por la democracia escocesa, esta vista judicial no sería necesaria», lanzó Sturgeon el lunes en el congreso del SNP en Aberdeen. Pero «Si el tribunal decide de la manera que esperamos, el 19 de octubre del próximo año habrá un referéndum de independencia», prometió.

«Derecho legítimo, soberano»

Las vistas ante la más alta jurisdicción del país serán escenario de un arduo debate sobre los poderes de las instituciones políticas escocesas frente a Westminster.

El SNP ganó las legislativas de 2021 con la promesa de celebrar una consulta legal sobre la independencia una vez superada la pandemia de la Covid-19.

Los sondeos muestran ahora a la opinión pública en Escocia casi dividida en cuanto a separarse del Reino Unido, principalmente con el anhelo de volver a entrar en la UE.

Argumentando que el «derecho a la autodeterminación es un derecho fundamental e inalienable», el gobierno escocés afirma disponer de un marco legal que autoriza dicha votación.

«Ningún primer ministro, ningún gobierno en Londres puede frustrar el derecho legítimo del pueblo de Escocia a opinar sobre su futuro», defendió el líder del SNP en Westminster, Ian Blackford, en declaraciones a Times Radio.

Pero el ejecutivo británico defiende, como ya ocurrió en 2017 en España con el proyecto independentista catalán, que Escocia no puede actuar unilateralmente en un asunto que concierne a todo el país.

Para evitar un conflicto mayor, los nacionalistas escoceses prometen organizar una votación puramente consultiva.

Sin embargo, muchos en Londres, incluido el diario conservador The Times, lo describen como un «truco legal» ya que si se impone el sí a la independencia por una importante mayoría, Westminster se encontraría bajo una gran presión para autorizar el proyecto.

Las vistas se prolongarán hasta el miércoles, pero el fallo del Tribunal Supremo no debería anunciarse antes de un mes y medio o dos meses.

Y si la justicia no le da la razón, el SNP planea convertir las próximas legislativas regionales, previstas en 2024, en un plebisticio de facto, haciendo campaña sobre una única cuestión, como ya hicieron los independentistas catalanes en 2015 en España.