Golpe a la democracia en Perú

El pasado miércoles 7 de diciembre, antes del mediodía, el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, brindaba un mensaje al país donde sus principales ideas se referían a lo siguiente: cierre del Congreso, una llamada a elecciones congresales con facultades constituyentes, la reforma del sistema de Justicia y una reorganización del Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación.

Dicho mensaje lo pronunció un tembloroso Pedro Castillo en poco menos de cinco minutos. ¿En menos de 5 minutos pasó de ser un hombre que respetaba el Estado de Derecho a ser un dictador? Podríamos decir que, en sentido estricto, sí. Pero creo que amerita que analicemos desde cuándo viene esta crisis y las señales que daba el hoy expresidente-dictador Pedro Castillo y su entorno gubernamental.

El pasado 5 de abril, el señor Castillo buscó por un Decreto de Urgencia encerrar y quitarles los derechos fundamentales a los ciudadanos de Lima y Callao, por el temor de la gran marcha convocada en contra de su gobierno. El resultado fue que nadie le hizo caso y la población marchó como hace mucho tiempo no se había visto en contra de su régimen. Ya ahí demostró su «talante democrático», pero esto solo se trataba de una primera señal. Hubo muchas más, pero me centraré solo en las últimas que trajo como consecuencia la medida que tomó recientemente. Un claro ejemplo fue la negación de confianza del Congreso al gabinete del ex primer ministro Aníbal Torres –hoy su abogado defensor–, cuando dicha negación fue corregida por el Tribunal Constitucional, pero secundada y abalada por cada uno de los ministros de entonces, como bien consta en el acta del Consejo de Ministros.

Ahora bien, ¿qué hizo que el señor Castillo tomase esta medida? Muchos analistas han dado diversas teorías, alguna tan llamativa como que es un plan de inteligencia del presidente del Congreso, en coordinación con todas las instituciones del Estado peruano, tesis que radica el nivel unísono que respondieron las instituciones ante el mensaje dictatorial de Pedro Castillo. No sé si esto será o no cierto, pero creo que la respuesta de las instituciones, y en especial las Fuerzas Armadas, es que en el Perú la Constitución y el Estado de Derecho han primado de forma clara.

En cualquier caso, vayamos más allá. Lo que sí atemorizaba a Pedro Castillo eran los indicios fuertes de corrupción que lo señalaban a él como principal cabecilla de una organización criminal, con siete procesos fiscales y más de 150 informes que lo involucraban, con sobrinos prófugos de la justicia y con declaraciones en su contra de estrechos colaboradores.

Estas comprometedoras pruebas las tiene ahora la Fiscalía, la cual debe seguir con su proceso reglamentario. Sin embargo, el detonante han sido dos razones fundamentales para encausar a este gobernante de izquierda o «del pueblo», como bien se autodenominaba él mismo (su lema más famoso ha sido «no más pobres en un país rico»): el primero, escuchar en vivo las declaraciones en la comisión de fiscalización del Congreso a ex funcionarios de su entorno más cercano, donde se relataba cómo le fueron entregadas cantidades importantes de dinero y cómo operaba su familia en torno al poder de turno. Lo segundo fue hacerle creer que las Fuerzas Armadas estaban con él en este golpe de Estado que iba a dar. Ambos hechos le condujeron a tomar esa nefasta decisión que, en menos de 5 minutos, pasó de ser el «presidente del pueblo» al «dictador del pueblo».

Tras el paso de varios días, ¿qué lecciones podemos extraer de esta situación? En primer lugar, dejar de manifiesto algo tan obvio como que este gobierno izquierdista ganó con un programa que buscaba una nueva Constitución para perpetuarse en el poder. Segundo, el apoyo que ha recibido y sigue recibiendo de gran parte de los integrantes del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Tercero, la cada vez más urgente necesidad de realizar reformas profundas en el capítulo político de la Constitución. Cuarto, el centro-derecha peruano tiene la oportunidad histórica de darle gobernabilidad al país y construir un proyecto conjunto en una verdadera alternativa. Y quinto, decir que la batalla cultural no ha terminado, solo es el inicio.

Ahora se escribe un nuevo capítulo para Perú. La recién llegada presidenta, Dina Boluarte, expulsada del partido Perú Libre (el partido de Pedro Castillo), organización cuyo líder está sentenciado por corrupción y afronta investigaciones por lavado de activos, no cuenta con el respaldo de las bancadas en el Congreso de la República y no ha cumplido su palabra de renunciar si Pedro Castillo era cesado. Lo que sí es cierto es que inicia su mandato con un Gobierno muy débil y de pronóstico reservado, donde todavía hay mucha tela que cortar.

• Gustavo Nakamura es analista de política internacional CEU-CEFAS