Pedro Sánchez, recibe al presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la Moncloa (2020)
Hispanoamérica
Alberto Fernández inicia el 2023 como Sánchez, arremetiendo contra los jueces argentinos
El mandatario anunció que emprenderá un juicio político contra el presidente del Supremo y requerirá que se investigue la conducta de los restantes miembros del máximo tribunal de justicia
El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció en su mensaje de año nuevo que impulsará un juicio político contra el presidente del Supremo y requerirá que se investigue la conducta de los restantes miembros del máximo tribunal de justicia.
«He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones», anunció en un comunicado.
Se trata de un capítulo más de la batalla del Poder Ejecutivo -encabezado por el presidente, Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner- contra la Corte Suprema de Justicia una senda parecida a la que Pedro Sánchez transita en España.
La tensión escaló al punto de generar un conflicto institucional cuando el mandatario, que cuenta con el apoyo de 14 gobernadores provinciales, amenazó con rechazar el fallo del Supremo que ordenó al Ejecutivo restituir al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires -gobernada por la oposición- el 2,95 % de fondos de la coparticipación federal que habían sido quitados en 2020 para destinarlos a la provincia de Buenos Aires -gobernada por el oficialismo-.
Contexto preelectoral
El conflicto entre el Gobierno y la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación de los fondos federales ocurre a las puertas de un año marcado por los comicios presidenciales, en los que el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se perfila como uno de los candidatos dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio.
Las diferencias entre el Ejecutivo y el Supremo incluyen las decisiones relativas a la composición del Consejo de la Magistratura -el órgano que nombra, sanciona y remueve jueces-.
Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la MagistraturaPresidente de Argentina
«Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica», justificó el mandatario en su mensaje.
En los últimos días se sumó la filtración de supuestos chats telefónicos entre el ministro de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y un portavoz del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Silvio Robles, donde supuestamente también participa el titular de una empresa de grúas contratada por la ciudad.
En esos mensajes se abordan situaciones como el conflicto judicial que enfrenta el Gobierno nacional con la oposición por la composición del Consejo de la Magistratura y se hace referencia al «fallo Robles», que algunos medios relacionan con la resolución de la Corte que el 21 de diciembre benefició a Buenos Aires por la disputa por la restitución de fondos federales.
Alberto Fernández fundamentó el pedido de juicio político en «diversas publicaciones jamás contradichas» que «han dejado al descubierto» el «vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia».
El mandatario aprovechó las oportunas filtraciones para señalar que «las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado».
En su mensaje de inicio de año, el Fernández agregó que también ordenará al ministerio de Justicia y Derechos Humanos que «promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo».
El juicio político requiere de la intervención de la Cámara de Diputados y de Senadores con mayorías especiales de dos tercios de sus miembros, con las que no cuentan ni el oficialismo ni la oposición.
