El presidente Jair Bolsonaro antes de abandonar Brasoil
Brasil
Un fiscal pide el embargo de los bienes de Bolsonaro por el asalto al «Capitolio» de Brasil
El fiscal no menciona en su escrito cuál es la supuesta vinculación entre la revuelta y el exmandatario
Un fiscal solicitó al Tribunal de Cuentas de Brasil el bloqueo de bienes del expresidente Jair Bolsonaro, por el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, cometido el domingo por una turba de sus seguidores.
El subprocurador general del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas, Lucas Rocha, también pidió extender la sanción al gobernador suspendido de Brasilia, Ibaneis Rocha, y al que fue su secretario de Seguridad, Anderson Torres, un fiel aliado de Bolsonaro.
Más información
El fiscal no menciona en su escrito cuál es la supuesta vinculación entre la tentativa de golpe perpetrada por el bolsonarismo radical y el exmandatario.
El domingo pasado, miles de partidarios de Bolsonaro invadieron y causaron graves daños en las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema durante cuatro horas, hasta que fueron dispersados por las fuerzas de seguridad.
Unas 1.500 personas fueron detenidas entre el domingo y el lunes, aunque este martes la Policía Federal informó de que puso en libertad a «ancianos con enfermedades crónicas» y «adultos responsables de menores», sin precisar el número exacto.
En paralelo, la Corte Suprema apartó de su cargo por 90 días al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por su supuesta «omisión» a la hora de neutralizar la horda de radicales bolsonaristas que generó el caos en el corazón de la democracia brasileña.
El presidente Lula, que asumió el poder el pasado 1 de enero, ha acusado directamente a Bolsonaro de «estimular» a sus seguidores a atentar contra las instituciones.
Algunos parlamentarios brasileños ya han pedido a la Justicia que actúe para obligar a Bolsonaro a regresar al país con la idea de que esclarezca su presunta responsabilidad en los actos «terroristas» y «golpistas» vividos en Brasilia.
El exjefe de Estado (2019-2022) tiene además varias causas pendientes con los tribunales relacionadas con la difusión de noticias falsas sobre las instituciones democráticas y la pandemia de la COVID-19, así como con la filtración de documentos secretos durante su administración, entre otras.