La guerra de los talibanes contra las mujeres en Afganistán es un «crimen de lesa humanidad»

Prohibición tras prohibición tras prohibición. La vida de las mujeres y niñas de Afganistán se ha convertido en un auténtico infierno, una pesadilla a la que tienen que hacer frente cada día. A la espera de saber cuál será el próximo paso de los talibanes para acabar definitivamente con su presencia en la sociedad afgana. Un objetivo que los fundamentalistas cada vez están más cerca de conseguir, en connivencia con el silencio de Occidente.

Ante el apagón mediático y las escasas referencias a la dramática situación de las mujeres en Afganistán, Amnistía Internacional (AI) junto con la Comisión Internacional de Juristas ha hecho público un informe en el que relatan todas las restricciones y represiones cometidas por lo talibanes contra su población y exige que se condene a los fundamentalistas por crímenes de lesa humanidad por motivos de género.

Más de 60 hojas relatan los horrores que la mitad de la población afgana tiene que soportar día y noche por el simple hecho de haber nacido mujer. Amnistía Internacional denuncia las «restricciones draconianas» de los talibanes sobre los derechos de las mujeres y niñas de Afganistán. Un régimen que usa el encarcelamiento, la desaparición forzada y la tortura como norma para silenciar e infundir miedo entre las mujeres.

El informe analiza las políticas que han ido aplicando los talibanes desde agosto de 2021, cuando ascendieron al poder tras la abrupta retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, hasta enero de este año. En un primer momento, el grupo fundamentalista –y de cara a la comunidad internacional– prometió respetar los derechos de las mujeres, así como de las minorías religiosas y étnicas. Una promesa que se desvaneció el mismo instante que fue pronunciada en boca del portavoz del grupo, Zabihullah Mujahid.

Primero fue la eliminación de cualquier imagen o referencia a la mujer en el ámbito público, después la imposición del burka, la prohibición de ir al gimnasio, coger un taxi o un autobús en solitario y así, pasito a pasito, la lista de restricciones se ha ido eternizando. Las alertas saltaron en Occidente tras el veto al acceso a la educación de las niñas y jóvenes universitaria y por último, la negativa a que las mujeres puedan trabajar, si quiera en organizaciones internacionales como Naciones Unidas.

Una medida que ha provocado que hasta la ONU se replantee su papel en Afganistán. «Que no quepa duda: se trata de una guerra contra las mujeres: se les prohíbe el acceso a la vida pública, a la educación, al trabajo, a la libre circulación, se las encarcela, desaparecen y sufren torturas, incluso por hablar en contra de estas políticas y resistirse a la represión. Se trata de crímenes internacionales», denuncia la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

En esta línea también se ha pronunciado el secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, Santiago A. Cantón, que defiende que «la campaña de persecución por motivos de género de los talibanes es de tal magnitud, gravedad y carácter sistemático que forman un sistema de represión cuyo objetivo es subyugar y marginar a las mujeres y las niñas de todo el país».

Los talibanes se han servido de todo el aparato gubernamental para llevar a cabo su particular cruzada contra las mujeres, desde el uso de bienes públicos hasta la Policía y las fuerzas de seguridad. AI resalta cómo en Afganistán existe «un único sistema organizado de opresión», que atenta directamente contra el artículo 7 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, constituyendo un «crimen de lesa humanidad» ante una «política de persecución por motivos de género».

«El informe de Amnistía Internacional muestra un número reducido de crímenes cometidos por los talibanes. Es una imagen general de la verdad de los talibanes y de la guerra de los talibanes contra las mujeres», explica a El Debate Heda Khomosh, activista y líder de la organización Movimiento de Mujeres Afganas por la Justicia. Khomosh explica por teléfono a este diario desde Kabul que, en los últimos dos años, los fundamentalistas «han creado unas condiciones cuyo objetivo principal era el apartheid de género y la exclusión de las mujeres, pero ninguna ha permanecido en silencio».

La joven afgana, de 27 años, pone más ejemplos sobre estas dinámicas y relata que los talibanes están obligando a las activistas a contraer matrimonio para así acallar sus voces. Khomosh pide a la comunidad internacional que acabe con los talibanes, ya que «el mundo nos los trajo con los brazos abiertos», reprocha.

«¿Cómo pretende interactuar con los talibanes un mundo que cree en la igualdad?», se pregunta la activista. Una cuestión que se está planteando Occidente y sus instituciones, ya que los talibanes han llegado para quedarse, y, mientras la comunidad internacional se niega a reconocer el régimen implantado por los fundamentalistas, el 90 % de Afganistán vive por debajo del umbral de la pobreza. Una encrucijada en la que se pone en juego la supervivencia de las mujeres afganas.