Alemania se encamina hacia la «autodeterminación de género»

El pasado 23 de agosto, el Gobierno de coalición de izquierdas, encabezado por el socialdemócrata Olaf Scholz, adoptó un proyecto de ley para simplificar la reasignación de sexo. Satisface, de esa forma, una antigua reivindicación de los grupos feministas, homosexualistas y transgénero y sigue los pasos de otros países europeos como España.

Esta decisión «es un gran momento para las personas transexuales e intersexuales en Alemania», se congratuló, en sus redes sociales, la ministra de Familia, Lisa Paus, destacada dirigente del partido ecologista Aliana 90 / Los Verdes.

Según se desprende del contenido del proyecto sobre «autodeterminación de género», que aún debe ser presentado al Parlamento -trámite que se cumplirá este otoño-, el objetivo principal es «facilitar a las personas transexuales, intersexuales y no binarias el cambio de género y nombre en el registro civil». Si el proyecto es finalmente aprobado, para cambiar de nombre y sexo, será suficiente con rellenar una simple declaración en el registro civil.

Se trata de uno de los proyectos sociales más llamativos de la coalición que gobierna Alemania desde diciembre de 2021, junto con la reciente legalización parcial del cannabis. El objetico declarado de la coalición de Scholz es que Alemania se incorpore al grupo de países que ya han institucionalizado el principio de autodeterminación de género; un grupo del que forman parte, además de España, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Dinamarca.

El texto sustituye a la legislación anterior, aprobada en los ochenta por la coalición de centro derecha de Helmut Kohl, que consideraba la transexualidad una enfermedad psicológica y obligaba a las personas que deseaban cambiar de sexo a someterse a dos pruebas psicológicas y a responder a un cuestionario muy exhaustivo sobre su sexualidad. Al final, era un juez quien autorizaba o denegaba el cambio.

Aunque hubo matizaciones posteriores: El Tribunal Constitucional ya había anulado parcialmente la ley, y en 2010 suprimió la exigencia de esterilización y cirugía previa al cambio de sexo. Estas obligaciones también fueron denunciadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017.

Con todo, el proyecto e Scholz y Paus sigue sin convencer a ciertos colectivos a quienes va destinado: algunos movimientos feminista, por ejemplo, consideran que hombres potencialmente violentos pueden abusar de las nuevas normas para acceder a zonas reservadas a las mujeres. La octogenaria Alice Schwarzer, una figura histórica del feminismo alemán, ha declarado en Der Spiegel que «temía» que la ley animara a los jóvenes a cambiar de género sólo porque estaba «de moda». No es la única: desde un ámbito distinto, el presidente del sindicato alemán de funcionarios de prisiones, René Müller, también ha pedido normas claras sobre el encarcelamiento de transexuales.

Para evitar la transfobia, el proyecto de ley «establece garantías procesales contra las solicitudes falsas de cambio de estado civil, por ejemplo, si los opositores trans quieren difamar el derecho a la autodeterminación».