La Justicia alemana frena el gasto del Gobierno de Scholz

Si bien en España se ha iniciado un camino donde siempre puedes forzar, incluso, cambiar la Constitución cuando alguien lo considere un obstáculo, para alcanzar el poder, si obtiene las mayorías necesarias. Donde la experiencia nos dice que la deuda que ocasiona el gobierno puede ser catastrófica para el futuro de los ciudadanos.

En Alemania, el debate sobre el freno de la deuda ha manifestado una ejemplar comprensión del Estado de derecho. La política alemana ha puesto en primera línea que en un Estado constitucional democrático no es posible ignorar la Constitución y vemos, en este caso, la importancia de la separación de poderes.

El Gobierno de Berlín asume así importantes recortes presupuestarios que podrían afectan a las subvenciones para energía, industria y microchips y que frena de modo importante su agenda climática y medioambiental por una decisión del Tribunal Constitucional alemán que deja un vacío de 60.000 millones de euros en las finanzas de la economía del Gobierno alemán. Y su efecto se notará, así mismo, en el presupuesto de la Unión Europea.

El Tribunal Constitucional Federal canceló esos 60 mil millones de euros del Gobierno federal porque la transferencia de los préstamos era inconstitucional. Esos dineros fueron, en su día, aprobados para hacer frente a la crisis del coronavirus, pero ahora iban utilizarse para la protección del clima y la modernización de la economía. El efecto es que al Gobierno alemán ahora le falta bastante dinero para llevar adelante sus políticas.

El Ministerio Federal de Finanzas, de este modo, suspenderá las autorizaciones de compromisos para 2023 «para evitar cargas en los años futuros». De esta forma el Gobierno alemán acata la sentencia del Tribunal Constitucional Federal que declaró nula la reasignación de préstamos por valor de 60 mil millones de euros en el presupuesto de 2021, porque la legalidad de los préstamos se sale en la Ley Fundamental de los alemanes.

Este sustancial recorte tendrá consecuencias para los presupuestos de 2023 y de 2024. La exigencia de suspender ese presupuesto está en la Constitución, según aclara la sentencia del alto tribunal, que confirma la eficacia de este «freno de deuda» y sus excepciones.

El día en que se anunció el veredicto, el ministro de Finanzas, Christian Lindner, del FDP o ala liberal del Gobierno semáforo (compuesto por socialistas, verdes y liberales) ordenó de inmediato congelar el presupuesto para el fondo climático. Después de que un suave freno a la deuda no había funcionado en décadas pasadas y tras una regulación sostenible a nivel federal y estatal, se veían que nuevamente amenazaba un colapso de la situación económica.

Este actual freno de la deuda, dicen medios alemanes, no será «estático» sino que tiene en cuenta la evolución económica y ofrece todas las oportunidades para invertir y actuar en situaciones de emergencia.

Lo que busca la decisión de esta sentencia constitucional es lograr un efecto duradero en beneficio de las generaciones futuras. La actual sentencia concuerda con la decisión sobre la protección del clima que aprobó previamente el Gobierno, pero (enfatiza el alto tribunal) que «la protección del clima tiene que comenzar antes, por garantizar las libertades de las generaciones posteriores, para que estas no se vean aún más restringidas en el futuro».

No se pueden acumular deudas a voluntad de políticos o coaliciones políticas en un Gobierno para hacer frente a una emergencia climática permanente. Se trata de dinero público, por eso se deben tomar medidas hoy para que no sean necesarios recortes importantes más adelante, e incluso para que generaciones futuras no se vean altamente endeudadas. Básicamente esta ha sido la lógica de la decisión. Y esto es exactamente lo que se aplica a la política presupuestaria del Gobierno con la consecuente tensión política en la coalición.

Sin un freno a la deuda, nuestros descendientes esencialmente pagarían intereses muy altos y ya no tendrían margen de maniobra. Este elemento es el que el Tribunal Constitucional alemán ha querido proteger. No en vano existe una regla explícita de deuda en la Unión Europea, a menudo ignorada, pero esencial, según la cual «nadie debería vivir a expensas del otro».

En la actual situación política española deberíamos tomar buena nota de todo esto que ha ocurrido esta semana en Alemania.

Según el presidente del Tribunal Federal de Cuentas se había llegado recientemente a una pérdida de control, no en lo que respecta a las emergencias, sino en lo que respecta a la carga de la deuda. Todo se debía a que «las cuestiones sociales y la protección del clima se consideraron inviolables por principio desde el sector socialista y verde del Gobierno».

El problema no es sólo el freno de la deuda, sino la falta de voluntad, de base ideológica, para abordar de otra manera los grandes desafíos de la época. Las crisis también son oportunidades y sólo pueden gestionarse eficazmente con finanzas gubernamentales sostenibles. Un asunto que afecta a todos los países de la UE.

Esto supone un reto para el Gobierno tricolor pues le ha frenado su plan de los reutilizar 60.000 millones de euros, que eran fondos de emergencia de COVID-19, para financiar su agenda climática que era la estrella del proyecto del ala rojo-verde del Gobierno de Scholz. Aquí socialistas y verdes se pueden ver enfrentados a los liberales. Por el momento mantienen una tensa búsqueda de consenso.