Bruselas quiere fichar a todos los ‘lobby’ de terceros países que puedan influir en las elecciones

La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa enfocada en incrementar la transparencia en las actividades de 'lobby' llevadas a cabo por países terceros dentro de la Unión Europea.

Esta propuesta, que surge en un marco donde un 81 % de los ciudadanos europeos considera las injerencias extranjeras en la democracia como un problema serio, busca establecer registros en cada Estado miembro de la UE.

Estos registros serían bases de datos detalladas, proporcionando información clara sobre los intereses y objetivos de estas actividades de influencia.

Bajo el nuevo esquema propuesto por Bruselas, cualquier entidad que desee realizar «actividades de representación de intereses» en nombre de un país tercero deberá inscribirse en una base de datos.

Este registro público incluiría detalles cruciales como los objetivos específicos del 'lobby', el país en representación del cual actúan y el monto de fondos dedicados a estas actividades. La gama de entidades afectadas por esta medida es amplia, abarcando desde firmas de relaciones públicas hasta institutos de relaciones internacionales, centros de pensamiento y consultores especializados.

Al registrarse, estas organizaciones recibirían un número único de registro, el cual sería obligatorio presentar al momento de interactuar directamente con autoridades públicas en los Estados miembros. Esta medida tiene como objetivo principal armonizar los diversos sistemas nacionales existentes en la UE.

Actualmente, quince Estados miembros cuentan con registros de transparencia, cada uno con sus propios requisitos, mientras que los doce restantes no poseen ningún sistema para recopilar esta información.

Una UE menos opaca

La Comisión Europea, con esta iniciativa, aspira a establecer estándares mínimos comunes en toda la UE. Esto mejoraría el conocimiento sobre la «magnitud, tendencias y actores de interés» que buscan influir en la legislación en nombre de países terceros.

Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, enfatizó en el Parlamento Europeo que «la propuesta no prohíbe ninguna conducta, simplemente requiere que ciertas actividades se lleven a cabo de forma transparente». Jourová también resaltó la importancia de proteger la democracia, calificando de ingenuo el pensar lo contrario.

La propuesta excluye expresamente ciertas actividades, como las diplomáticas, consulares y de asesoramiento legal. Asimismo, no se abordan las contribuciones a organizaciones de la sociedad civil que, aunque provengan de países terceros, no estén relacionadas con actividades de 'lobby'.

Además, se han incluido salvaguardias para evitar abusos de derechos fundamentales, como el derecho de asociación. Se establecerá una autoridad independiente con capacidad para solicitar excepciones a la publicación de determinados datos, y las entidades tendrán siempre la posibilidad de recurrir en caso de incumplimiento de las normas.

Las sanciones por incumplir estas nuevas normas serían únicamente administrativas, descartando las penas criminales. Paralelamente, la Comisión también ha presentado una recomendación para fortalecer la resiliencia de los procesos electorales, enfocándose en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.