Comienza la reunión del Consejo Europeo más tensa del año con la guerra de Ucrania como telón de fondo

El 2023 está siendo un año complicado para la Unión Europea. Falta menos de medio años para las elecciones europeas y los socios comunitarios acusan el esprint final entre la falta de presupuesto para acometer los proyectos comprometidos y la inexistente unanimidad en cuanto a cómo solucionar los problemas generados por la invasión rusa de Ucrania y la intención de arroparla como miembro de pleno derecho.

El presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, tiene muy claro cuáles son las vías por las que entra el agua en el barco de Bruselas y por eso este pasado miércoles ha pedido a los Estados miembros que se haga un «esfuerzo conjunto decisivo» para alcanzar un acuerdo sobre la revisión del presupuesto europeo correspondiente al periodo 2021-2027, el llamado Marco Financiero Plurianual (MFP).

«Lograr un consenso requerirá un esfuerzo conjunto decisivo y un fuerte compromiso político de todos ustedes», dijo Michel en la carta de invitación que envió a los mandatarios con vistas a la cumbre.

El problema no es que haya presupuesto, sino que el acordado se ha quedado corto. La pandemia y la guerra de Ucrania ha vaciado las arcas europeas y si se quiere cumplir con el apoyo económico a Kiev se debe ampliar de manera inmediata.

La cuestión genera una profunda división entre los socios comunitarios, sumado al rechazo al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para proporcionar más ayuda económica a Kiev e iniciar conversaciones sobre la futura adhesión de Ucrania a la UE. Aunque el discurso general dé a entender que Budapest es el único que plantea dudas, no es cierto.

Michel subrayó que la UE necesita «estar a la altura de nuestros compromisos con Ucrania y seguir siendo un socio fuerte y fiable», lo que se traduce en proporcionar 50.000 millones de euros más pendientes del último paquete de ayudas aprobado.

Orbán juega sus cartas y ha encontrado una manera de sortear la presión de Bruselas por la lucha ideológica que mantienen desde hace año. Por el momento ha conseguido desbloquear 10.000 millones y otros tantos parecen estar de camino. Todo a cambio del apoyo económico a Ucrania. EPP, S&D y Renew lo tildan de «chantaje».

Por ahora, la UE mantiene bloqueados los 21.700 millones de euros que Hungría tiene asignados dentro de la Política de Cohesión hasta 2027 por incumplimientos de la Carta Europa de Derechos Fundamentales, aunque 10.000 millones de este paquete están vinculados a la reforma judicial y son los que podrían ser liberados próximamente.

Además, otros 6.300 millones de estos fondos de Cohesión están congelados por partida doble a través del mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho y dependen, también, de dicha reforma judicial y de otras medidas para combatir la corrupción o garantizar la transparencia en licitaciones de contratación pública.

Defensa y seguridad

En cuanto a seguridad y defensa, otro punto de discusión en la cumbre europea, el presidente del Consejo enfatiza la necesidad de tomar medidas adicionales para alcanzar lo antes posible los objetivos de la Unión en cuanto al fortalecimiento de la capacidad defensiva. La idea de un mercado interno de defensa va tomando forma.

Dentro de este campo no faltará Oriente Próximo, más aún con los problemas generadores de manera innecesaria por Pedro Sánchez ya que su postura no es la adoptada por el Consejo Europeo en su última cumbre.

Sobre ese tema, Michel destacó que la UE debe «pedir la liberación de todos los rehenes y abordar enérgicamente la alarmante situación humanitaria en Gaza» e indicó que los Veintisiete tienen «que ser firmes a la hora de apoyar el derecho de Israel a existir y a defenderse contra Hamás, así como a defender inequívocamente el derecho internacional y el derecho internacional humanitario».

Por último, Michel señaló que la UE debe «abordar todas las formas de odio, antisemitismo, intolerancia, racismo y xenofobia, incluido el odio antimusulmán». Otra ocasión en la que se olvida de los cristianos.

Acuerdos previos

El Consejo y el Parlamento han acordado este miércoles la creación de la agencia europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), cuya sede –a la que es candidata Madrid– se decidirá el próximo año.

El objetivo de la creación de la AMLA es «proteger a los ciudadanos y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», dijo la presidencia española del Consejo de la UE en su cuenta oficial en X.

Por primera vez, la ciudad sede de la nueva agencia será acordada entre el Parlamento y el Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en ese sentido.

La AMLA también desempeñará un papel crucial evitando la elusión de sanciones financieras selectivas como las incluidas en los 11 paquetes de sanciones aprobados por la UE contra Rusia.