Chile se enfrenta a un nuevo plebiscito, el último de la era Boric, para reformar la Constitución de Pinochet

Este domingo se vislumbra como la última oportunidad de la era del actual presidente de Chile, Gabriel Boric, para dejar atrás la Carta Magna aprobada en 1980 al amparo de Augusto Pinochet. Más de 15,4 millones de chilenos vuelven hoy a las urnas para aprobar o rechazar una segunda propuesta de Constitución en un ambiente de incertidumbre, alto desinterés y hartazgo electoral, pues es la quinta votación constitucional desde 2020.

Pese a que el voto es obligatorio y los electores se arriesgan a ser multados si no sufragan, los expertos auguran una participación menor al 85,7 % registrado en el plebiscito de septiembre de 2022, cuando los ciudadanos rechazaron de manera contundente la primera propuesta de Carta Magna.

El varapalo del presidente Boric, quien ascendió al poder en marzo de 2022 con la aprobación de una nueva Constitución como una de sus propuestas estrella, no solo se redujo al fracaso de aquel plebiscito, sino también de la holgada victoria de la derecha conservadora en la elección de consejeros del nuevo órgano constituyente.

Nuevas propuestas

Esta nueva propuesta defiende el compromiso del Estado con la salud pública «a través de instituciones estatales», concede a los padres de los alumnos el derecho preferente sobre la educación de sus hijos y deja la puerta abierta a un sistema de pensiones «a través de instituciones públicas o privadas».

Este texto que se plebiscitará, de 17 capítulos y 216 artículos, no ha logrado el consenso político en el interior del Consejo Constitucional, órgano compuesto por 50 consejeros elegidos el pasado mayo, donde la derecha conservadora y la derecha tradicional contaron con mayoría, con 22 y 11 escaños, respectivamente.

Las derechas defienden que la nueva propuesta constitucional es mejor que la actual Carta Magna porque «recoge» las preocupaciones ciudadanas actuales, como la seguridad o la inmigración, y asegura que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre institucional que provocó el estallido social de 2019.

En materia política apunta a la reducción de 155 a 138 diputados en la Cámara de Diputados, aboga por conservar el Senado, impone un mínimo del cinco por ciento de los votos a nivel nacional para que los partidos políticos obtengan representación y recoge que los políticos perderán su acta en caso de que abandonen el partido por el que fueron electos.

Aunque el texto incluye también artículos que han generado gran polémica como la consagración del «derecho a la vida de quien está por nacer» –una norma que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales–, la expulsión inmediata de los inmigrantes irregulares o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.

Aunque los expertos dicen que el escenario está más abierto de lo que parece, las últimas encuestas publicadas hace más de dos semanas anticipaban que la ciudadanía votará en contra del texto.

La incógnita es cuánto afectará a la opción que defiende la izquierda, la de rechazar la propuesta, un caso de corrupción que afecta a uno de los partidos de la coalición oficialista y que en los últimos días ha tomado impulso con la detención de dos personas.

Si finalmente se rechaza, seguirá vigente la actual Constitución y se cerrará al menos durante este mandato el debate constitucional porque el Gobierno ya ha dicho que no impulsará un tercer intento.