Así es la enmienda constitucional utilizada por Colorado para frustrar la candidatura de Trump

Para poder postularse como candidato presidencial, hay que cumplir una serie de requisitos: tener al menos 35 años, haber nacido en el territorio de Estados Unidos y haber vivido en el país al menos catorce años. Sin embargo, tras la Guerra Civil estadounidense, también conocida como Guerra de Secesión, el Congreso añadió, en 1866, una 14ª enmienda a la Constitución, que fue ratificada por los Estados federados dos años después.

La sección 3ª incluye una «cláusula de inhabilitación», que establece: «Ninguna persona podrá postularse para ser senador o representante en el Congreso, o elector presidencial o vicepresidencial en general, o para desempeñar cualquier cargo civil o militar, en los Estados Unidos o en cualquier Estado, siempre que, después de haber prestado juramento por primera vez, como miembro del Congreso o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado, en apoyo de la Constitución de los Estados Unidos, haya participado en insurrección o rebelión contra la misma, o prestado ayuda o consuelo a sus enemigos». Dicho de otra forma: que hubiera combatido en el bando derrotado durante la Guerra.

Así las cosas, durante el periodo de «Reconstrucción», el objetivo era apartar a los antiguos dirigentes civiles y militares confederados (de los estados del Sur que se habían negado a unirse a la Unión, desencadenando la guerra de 1861, que terminaron perdiendo) de los cargos estatales o federales. En 1872, se concedió una amnistía a la mayoría de estos antiguos confederados y esta cláusula no volvió a utilizarse.

Mas el asalto al Capitolio por parte de los partidarios de Donald Trump el 6 de enero de 2021 fue tan inédito que los tribunales tuvieron que realizar grandes esfuerzos histórico-jurídicos para determinar cómo juzgar a los participantes. Recurrieron, sin ir más lejos, a la acusación de obstrucción de un proceso legal (en referencia a la certificación de los votos electorales, interrumpida por la invasión del Congreso por los partidarios), que nunca se había utilizado en este tipo de casos.

Y contaron con la inestimable ayuda de think tanks vinculados al Partido Demócrata como Crew (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington), que desempolvaron la cláusula de descalificación de la 14ª Enmienda. En septiembre de 2022, un juez de Nuevo México la utilizó contra Couy Griffin, comisionado de un condado local y fundador del grupo «Vaqueros por Trump», que había irrumpido en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Griffin fue condenado a 14 días de prisión y desposeído de sus funciones gubernamentales. También se le prohíbe presentar su candidatura u ocupar cualquier cargo federal o estatal.

Según esta cláusula, la incitación a la rebelión inhabilita a un cargo electo para presentarse a la reelección. Grupos como Crew han presentado demandas en varios estados al amparo de esta cláusula para impedir que Trump se presente. En Colorado, el 5 de noviembre, la jueza de Denver Sarah Wallace emitió una sentencia al estilo de Poncio Pilatos: «El Tribunal considera... que Trump incitó a una insurrección el 6 de enero de 2021 y, por tanto, 'participó' en una insurrección en virtud de la Sección 3 de la 14ª Enmienda».

Pero continuaba: «El Tribunal está persuadido de que 'funcionario de los Estados Unidos' no incluía al presidente de los Estados Unidos». Por ello, consideró que las acciones de Trump el 6 de enero de 2021, cuando incitó a las multitudes a «marchar hacia el Capitolio», tras haberlas convocado a Washington en un tuit el 19 de diciembre de 2020 («¡Estén allí! ¡Va a ser una locura!»), sí constituían incitación a la insurrección. Pero se negó a aplicarle la cláusula de inhabilitación, dada su redacción.

Con este fallo, proporcionó al Tribunal Supremo del Estado de Colorado una base sobre la que revisar el veredicto. Así lo hizo, por una estrecha mayoría (cuatro votos a favor, tres en contra). «El contenido de los mensajes del presidente Trump a sus seguidores instándoles a viajar a Washington D.C. el 6 de enero era claro e inequívoco: las elecciones supuestamente amañadas fueron un acto de guerra y quienes fueron sus víctimas tenían la obligación de contraatacar, agresivamente», según ha establecido el Tribunal, cuyo fallo es recurrible ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.