Los países europeos excluyen a Reino Unido de una red clave de transporte aprobada por Bruselas

Los ingleses siguen cosechando los efectos del Brexit. Esta semana, la Comisión Europea aprobó el marco regulatorio de la red transeuropea de transporte (TEN-T), que fue previamente avalado por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.

Este nuevo plan establece metas obligatorias para mejorar la red de transporte de la Unión Europea y el resto del continente, pero excluye al Reino Unido de sus proyectos principales.

Entre los objetivos del plan se encuentra la exigencia de que todos los trenes de la red alcancen velocidades de 160 km/h o más para el año 2040. Además, se busca implementar un sistema único de señalización ferroviaria en toda Europa.

Este ambicioso proyecto tiene como fin mejorar la conectividad y fomentar el transporte ferroviario, para convertirlo en opción preferible a los vuelos domésticos. En este sentido, una de las medidas destacadas es que los aeropuertos que manejen más de 12 millones de pasajeros anuales deberán estar conectados por ferrocarriles de larga distancia.

La Comisaria Europea de Transporte, Adina Vălean, destacó la importancia de este acuerdo, describiéndolo como «un acuerdo histórico para la UE». Vălean subrayó que Europa necesita una red de transporte que aborde las preocupaciones de movilidad de sus ciudadanos y empresas, y que sea sostenible y resiliente.

También resaltó la importancia de construir un puente con los vecinos de la UE, en particular con Ucrania, Moldavia y los Balcanes Occidentales.

Las desventajas del Bexit

Tras votar a favor del Brexit y finalizar su salida de la Unión Europea, el Reino Unido tuvo que adaptarse a cambios en casi todos los frentes, destacando principalmente la pérdida de oportunidades y ventajas que si tenía como miembro del bloque.

El Programa Horizon Europe, una de las iniciativas más ambiciosas a nivel mundial en materia de investigación e innovación con un presupuesto cercano a los 95.500 millones de euros, fue una de estas oportunidades perdidas.

Este programa facilitaba el acceso a financiación para proyectos de gran envergadura en diversos campos científicos y tecnológicos. La exclusión de este programa implica una limitación considerable para las instituciones y científicos británicos en términos de participación en proyectos de vanguardia y colaboración internacional.

Por otro lado, la salida de la UE supuso también la desvinculación del Reino Unido del programa Erasmus+, vital para la movilidad educativa y la cooperación transfronteriza en Europa.

Este cambio reduce las oportunidades de los jóvenes británicos de vivir experiencias educativas en otros países de la UE, perdiendo así un valioso intercambio cultural y académico. Aunque el Reino Unido ha lanzado su propio programa de intercambio, el Esquema Turing, este no alcanza la amplitud y el alcance de conexiones que ofrecía Erasmus+.

El Reino Unido también dejó de beneficiarse de los Fondos de Desarrollo Regional de la UE, que jugaban un papel crucial en el apoyo al crecimiento económico y la reducción de las disparidades entre las regiones. Estos fondos se destinaban a proyectos de infraestructura, innovación y creación de empleo, especialmente en regiones menos desarrolladas. Aunque el gobierno británico ha prometido compensar esta pérdida con su propio Fondo de Prosperidad Compartida, aún no está claro si este nuevo fondo podrá igualar la efectividad de los fondos europeos.

Y en lo referente a la salud, la no participación en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) podría conllevar retrasos en el acceso del Reino Unido a nuevos medicamentos, ya que ahora depende exclusivamente de su Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA). Esta situación podría afectar la rapidez con la que se dispone de tratamientos innovadores y limitar la cooperación internacional en materia de seguridad farmacéutica.

Otro ejemplo perdido es la cooperación judicial y policial con la UE. Antes del Brexit, el Reino Unido disfrutaba de un acceso directo y eficiente a bases de datos e instrumentos clave para la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo, a través de Europol y Eurojust. La salida de la UE implica un acceso más limitado y menos automático a estos recursos, lo que podría complicar y ralentizar las investigaciones y la cooperación policial con los países miembros.