El expresidente de Estados Unidos, Donald J. Trump en una conferencia de prensa (Archivo)
El Estado de Nueva York reclama 370 millones de dólares a Trump por fraude financiero
La cifra reclamada es mucho mayor que los 250 millones de dólares que la fiscal general de Nueva York, Letitia James anunció al inicio del juicio
El Estado de Nueva York reclama 370 millones de dólares al expresidente Donald Trump en la causa judicial en la que se lo acusa de haber inflado de manera artificial el valor de sus propiedades, según documentos del proceso difundidos este viernes.
La cifra reclamada es mucho mayor que los 250 millones de dólares que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, había anunciado que reclamaría cuando inició la causa en 2022.
Se espera que el 11 de enero el juez Arthur Engoron emita un veredicto por escrito tras los alegatos finales de ambas partes y que concrete una posible multa millonaria para Trump, sus dos hijos mayores y dos antiguos ejecutivos, a quienes ya consideró responsables de fraude, el principal cargo, en un dictamen previo al juicio.
La Fiscalía también reclama que a Trump y a los dos antiguos ejecutivos de su empresa acusados, Allen Weisselberg y Jeffrey McConey, se les impida «de por vida» participar en el sector inmobiliario o ejercer la dirección de «cualquier empresa o entidad legal» en el Estado de Nueva York.
Tras el juicio, que ha durado unos dos meses, están por resolver seis cargos relacionados con la manipulación de cifras de activos en los documentos financieros de la Organización Trump para obtener ventajas con aseguradoras y bancos, y de ese fallo dependerán la posible multa y medidas restrictivas a los negocios.
Según el nuevo argumento de la fiscal, la mayor parte de los 370 millones reclamados corresponden a los intereses que la Organización Trump se ahorró en cuatro préstamos comerciales (unos 168 millones) y a los beneficios que obtuvo con la venta de un edificio en Washington D.C. por unos 139 millones.
Los abogados de Trump criticaron la cifra en otro documento como «groseramente excesiva», y argumentaron que las transacciones analizadas «fueron bilaterales entre los acusados y sus bancos, y ninguna supuso un impacto para el público» o el mercado, por lo que reiteraron que el caso debería desestimarse.
