Los agricultores franceses y la ley de inmigración ponen contra las cuerdas al nuevo Ejecutivo de Macron

Francia no consigue salir de su estado de crisis perpetua. Las calles del país galo han vuelto a protagonizar fuertes manifestaciones contra el nuevo Ejecutivo de Emmanuel Macron. La nueva ley de inmigración y la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, que ha empujado a los agricultores galos a iniciar una serie de protestas por todo el país, han encendido las calles. En un intento por revitalizar su mandato, Macron nombró hace dos semanas, al exministro de Educación, Gabriel Attal, como primer ministro. Attal, a sus 34 años, se convirtió en el jefe del Ejecutivo más joven de la V República.

El recién nombrado primer ministro de Francia era consciente de que no se enfrentaba a un mandato fácil, pero las calles galas no le han dado ni un respiro. Los agricultores se han puesto en pie de guerra. El presidente del sindicato agrícola FNSEA, Arnaud Rousseau, ha advertido, en una entrevista radiofónica en RMC, de que las manifestaciones durarán «lo que haga falta». Ayer, Rousseau y el representante de la organización 'Jóvenes Agricultores', Arnaud Gaillot, se reunieron en el palacio de Matignon con Attal, al que exigieron «medidas a corto plazo» para apaciguar las protestas.

Los agricultores franceses se han sumado a sus colegas europeos de Países Bajos, Alemania o Rumanía y han rechazado, de manera rotunda, las medidas medioambientales que busca imponer la Unión Europea, a través de su Política Agraria Común (PAC), y que afecta de manera directa a la economía y a su sector, ya en decadencia. Los acuerdos de la UE con terceros países, como Mercosur, o la entrada de Ucrania a la UE también han creado un gran malestar entre los agricultores franceses. «A Ucrania hay que apoyarla, pero es cierto que (si ingresa en el club comunitario) entrarán (en Francia) productos de manera masiva», alertó Gaillot, según declaraciones recogidas por la agencia EFE.

La entrada masiva del grano ucraniano, sin apenas controles, a otros países europeos como Polonia, Hungría o Eslovaquia, ya causó el año pasado la conocida como crisis del grano. Varsovia, uno de los principales aliados de Kiev en Europa en su guerra contra el Kremlin, bloqueó la entrada de productos ucranianos, ya que aseguraba que afectaba a la producción local. Los agricultores polacos se levantaron contra el Gobierno del entonces Mateusz Morawiecki, que finalmente impuso un embargo sobre el grano ucraniano en contra del criterio de la Unión Europea.

Los agricultores galos no solo están molestos con las últimas medidas importadas desde Bruselas, sino que también afean al Ejecutivo francés lo que consideran un exceso de normas y de burocracia o las crecientes restricciones para el acceso al agua de riego. El ministro de Agricultura francés, Marc Fresneau, ha ido cediendo, poco a poco, a las exigencias de los manifestantes y ha coincidido en que existe una falta de «coherencia» por parte de la UE que provoca la «disminución» de la producción agrícola en todo el continente.

Así las cosas, Fresneau, en un intento por sofocar las protestas, ha anunciado medidas en el corto plazo. Estas promesas, sin embargo, no han servido para calmar los ánimos en las calles. Los agricultores mantienen el pulso al Gobierno de Macron con cortes en las principales carreteras del país. Ayer llegaron a bloquear la autopista A-7, al sur de Perpiñán, en dirección con la frontera española, el principal paso terrestre entre los dos países.

Sin embargo, la muerte de un agricultor ha empañado las protestas. Este martes, un vehículo embistió una barricada levantada por los manifestantes que protestaban en el sur de Francia, matando a una mujer e hiriendo gravemente a su marido y a su hija adolescente. El ministro de Agricultura galo ha asegurado que se trata de «una tragedia». Por su parte, el presidente del sindicato agrícola ha subrayado «la necesidad de estar perfectamente organizados y que se respeten las consignas de seguridad».

Ley de inmigración, otro punto caliente

Otro de los asuntos de división tanto en el Ejecutivo como en la sociedad francesa es la polémica ley de inmigración. La aprobación de esta normativa le costó el puesto a la anterior primera ministra francesa, Élisabeth Borne, quien consiguió sacar el proyecto adelante en la Asamblea Nacional con los votos de la formación conservadora de derecha, Agrupación Nacional, de Marine Le Pen. Esto provocó una grave crisis en el partido oficialista con amenazas de varias renuncias, aunque, finalmente sólo dimitió el ministro de Sanidad, Aurélien Roussea.

El pasado domingo decenas de miles de personas se manifestaron por toda Francia, a escasos días de que el Consejo Constitucional francés emita su fallo sobre la validez de la ley de inmigración, para mostrar su oposición a la normativa. La nueva legislación plantea, entro otros, el endurecimiento del reagrupamiento familiar, menos ayudas sociales para los extranjeros no comunitarios, restablecer el delito de estancia irregular en el territorio y suprimir la nacionalidad automática a las personas nacidas en Francia de padres extranjeros.

En este contexto, la Oficina francesa para la Protección de los Refugiados y Apátridas (Ofpra) ha hecho público que la demanda de solicitantes de asilo se mantuvo al alza en 2023, alcanzando las 142.500 solicitudes, lo que supone un incremento del 8,6 % en un año. Estas cifras sitúan la demanda en un nivel récord durante el pasado año. «En todo el mundo, los desplazamientos forzosos han alcanzado niveles históricamente altos. No debe sorprendernos que Europa se haga eco de esta situación», explica a Le Monde Julien Boucher, director general de la Ofpra.