Los planes de la Eurocámara para potenciar el adoctrinamiento educativo avanzan a costa de los Estados miembros

El informe «Educación para la ciudadanía en los planes de estudios nacionales» está colgado en la web de la Eurocámara desde el pasado 13 de noviembre.

Lleva la firma de Izabel Bacian y Marie-Astrid Huemer, dos empleadas de su servicio de estudios –aunque la primera, según indica su perfil de Linkedin, lo abandonó en diciembre– y, si bien su contenido compromete únicamente a sus autoras, representa una declaración de intenciones de cara a una hipotética «desnacionalización» de las conciencias para darles un toque más europeísta.

El concepto que maneja Bruselas para alcanzar su objetivo es el de «Educación para la Ciudadanía», que el informe define como la voluntad de «establecer valores comunes y fomentar determinados comportamientos y actitudes, tanto a nivel local como en la UE, pero esto no se hace de forma coherente en toda la UE».

Pone como ejemplo que «algunos Estados miembros dan prioridad a la dimensión nacional de la ciudadanía sobre la europea, mientras que en otros la aplicación de las políticas sigue siendo lenta».

«Por lo tanto», prosigue el informe, «es importante supervisar y evaluar las medidas adoptadas por los Estados miembros para fomentar la Educación para la Ciudadanía (en perspectiva europeísta) y apoyar su aplicación».

Para apoyar la legitimidad de sus objetivos, Bacian y Huemer señalan que la «Educación para la Ciudadanía en las políticas educativas de la UE y de los Estados miembros» es parte desde hace años de la estrategia de Bruselas.

Una tendencia que se acentúa desde 2015, cuando los ministros de Educación de la UE adoptaron la «Declaración de París sobre la promoción de la ciudadanía y los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación en la educación».

Llegados a este punto, conviene recordar que lo conceptos de «tolerancia» y «no discriminación» son frecuentemente utilizados para promover agendas como la homosexual, la transexual o la «queer».

El informe también apela a la resolución aprobada por la Eurocámara en 2022, relativa precisamente a la Educación para la Ciudadanía, en la que una mayoría de eurodiputados expresó «su preocupación por la escasa atención prestada a los aspectos europeos y mundiales de la ciudadanía en los planes de estudios nacionales», subrayando «la falta de un enfoque uniforme a la hora de abordar la dimensión europea», y deplorando «la falta de una definición común de ciudadanía».

Es decir, una voluntad manifiesta de ampliar el perímetro de intervención de la Unión Europea a costa de las competencias de los Estados miembros. De momento, solo son declaraciones de intenciones de la Eurocámara que el informe «Educación para la ciudadanía en los planes de estudios nacionales» hace suyas. Solo de momento.

La cuarta incita a «la inclusión de módulos de aprendizaje de la ciudadanía europea en Erasmus+ y en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, así como visitas a lugares de importancia histórica».

La sexta pide la introducción de un nuevo capítulo específico en el programa «Ciudadanos, Educación, Derechos y Valores» para fomentar la educación para la ciudadanía.

La octava sugiere el desarrollo de una estrategia global de la UE sobre educación cívica y ciudadana europea, mientras que la décima, la última, insta a crear una «estructura permanente de apoyo al trabajo estratégico sobre la ciudadanía de la UE para mejorar la disponibilidad y la calidad de la Educación para la Ciudadanía en toda la UE».

«Esta estructura», prosigue el punto 10, también gestionaría «los recursos de la UE asignados a este fin y coordinaría los esfuerzos sobre métodos, prácticas, herramientas y contenidos comunes».

Bien es cierto que el contenido del informe es estrictamente orientativo. Mas advierte de que el fomento de una «ciudadanía activa sigue siendo una prioridad política transversal según los términos del programa Ciudadanos, Educación, Derechos y Valores en su temporada 2023-2024».