La Fiscalía de Perú niega haber allanado de forma ilegítima el domicilio de Boluarte

La Fiscalía peruana rechazó rotundamente las acusaciones de la presidenta Dina Boluarte sobre presuntas actuaciones ilegítimas y abusivas durante el allanamiento llevado a cabo en su residencia y en el Palacio de Gobierno en el marco de una investigación por corrupción.

En un comunicado difundido en las redes sociales poco antes de la medianoche del sábado, el Ministerio Público detalló que el operativo fue autorizado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, descartando así cualquier irregularidad en el procedimiento.

La incursión policial y fiscal, realizada en la madrugada del viernes al sábado, se enmarca en una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con la omisión de declarar varios relojes de lujo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El Ministerio Público aclaró que, si bien no se encontraron los relojes Rolex que Boluarte supuestamente no había declarado, se obtuvieron otros elementos relevantes para la investigación durante el allanamiento.

El comunicado también explicó los detalles del operativo para refutar cualquier acusación de abuso, señalando que fue necesario forzar la cerradura de la residencia de Boluarte, siguiendo las directrices de la orden judicial, luego de esperar un tiempo prudencial tras la solicitud de acceso por parte del hijo de la presidenta. Además, negó haber difundido el video que circuló en redes y medios mostrando el momento en que se forzaba la cerradura de la vivienda.

Críticas por parte de Boluarte

La Fiscalía confirmó que Boluarte ha sido citada formalmente para exhibir los objetos en cuestión y prestar declaración el 5 de abril, como lo anunció su abogado.

Por su parte, Boluarte criticó duramente el operativo, calificándolo de abusivo durante un pronunciamiento realizado junto a su gabinete el sábado por la tarde. La presidenta aseguró que siempre ha cooperado con la investigación fiscal y que considera la medida de la madrugada como arbitraria y desproporcionada.

Manifestó su respeto hacia la investigación, pero rechazó la forma en que se llevó a cabo, calificándola como discriminatoria e inconstitucional. En particular, cuestionó el forzamiento de la cerradura de su domicilio en Surquillo, Lima, argumentando que su familia no tuvo tiempo para abrir la puerta y que esta acción afecta los derechos de su familia y la gobernabilidad del país.