Bulgaria protege a la familia prohibiendo la propaganda homosexual en las escuelas

La Asamblea Nacional de Bulgaria votó a favor el pasado 7 de agosto, y por amplia mayoría, prohibir la propaganda de los grupos homosexuales en las escuelas. La enmienda a la Ley de Educación fue aprobada con 159 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones. A partir de ahora, quedará prohibida «la propaganda, promoción o incitación de cualquier forma, directa o indirectamente, en el sistema educativo de ideas y puntos de vista relacionados con la orientación sexual no tradicional y/o la identidad de género distinta a la biológica».

Los ponentes de la enmienda justificaron la necesidad de legislar rápidamente debido a una «normalización inaceptable de la orientación sexual no tradicional», provocada por una propaganda cada vez más activa en el país balcánico. La presentación de la enmienda corrió a cargo de la formación nacionalista y prorrusa Renacimiento (Vazrajdane en el idioma búlgaro), que dispone de 38 escaños sobre los 240 que componen la Asamblea Nacional.

Para alcanzar una mayoría en la cámara fue decisivo el apoyo de los diputados del Partido Socialista Búlgaro, conservador en asuntos antropológicos pese a su ideología oficial, y también de una importante porción de los diputados del conservador Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (Gerb). En contra votaron los liberales reformistas de Continuamos el Cambio – Bulgaria Democrática, los representantes de la formación que aglutina a la minoría turca y el sector más progresista del Gerb.

Nada más conocerse el resultado de la votación, las asociaciones homosexualistas, fieles a su costumbre, se congregaron en los alrededores de la Asamblea Nacional, acudiendo a la convocatoria apenas un centenar de personas. Es decir, que la enmienda aprobada cuenta no solo con el respaldo mayoritario, sino también con el social.

Del último estudio de opinión disponible, el realizado por el instituto demoscópico Globsec en 2019, se desprende que solo el 21 % de los búlgaros apoyaría la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Bulgaria es, por tanto, el país de la Unión Europea con la menor aceptación de esa opción conyugal. Sin embargo, en 2003, la Asamblea Nacional votó una ley que prohíbe terminantemente cualquier discriminación o palabras despectivas hacia las personas homosexuales. En 2015, esa ley fue reformada para amparar igualmente a las personas transgénero.

Mas este arsenal legislativo, homologable a los vigentes en el resto de los países de la Unión Europea, no ha sido óbice para que Bulgaria esté constantemente en el punto de mira de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) cada vez más dominado por jueces progresistas: el 6 de septiembre de 2023, la jurisdicción con sede en Estrasburgo condenó a Bulgaria por negarse a reconocer la unión en el extranjero de una pareja de lesbianas. Un año antes, el TEDH había criticado severamente la legislación búlgara en relación con lo que ellos consideran homofobia.

Una presión jurídica que, de momento, no hace mella ni en las instituciones ni en la opinión pública del país balcánico. La próxima prueba de fuego tendrá lugar en octubre cuando los ciudadanos búlgaros sean convocados a las urnas por séptima vez en tres años para intentar desatascar la interminable crisis política. Será también la ocasión para dirimir si ceden a la presión de las asociaciones homosexualistas –que ya han avisado que impulsarán acciones durante la campaña electoral–, o si, por el contrario, se mantienen como uno de los países más tradicionales de Europa en materia de familia.