Caryslia Rodríguez, la presidenta del Supremo que ejerce como brazo ejecutor de Maduro

Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, aparte de ejercer como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también posee el dudoso honor de encabezar la lista de los 60 funcionarios del Gobierno venezolano que podrían ser sancionados por Estados Unidos. Unas medidas punitivas que la megapotencia tiene preparadas tras las elecciones presidenciales de Venezuela celebradas el pasado 28 de julio.

La lista propuesta destaca a funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. Precisamente el organismo en el que se ha sustentado la sentencia leída por Rodríguez, con la que proclama a Nicolás Maduro presidente saltándose la presentación de las actas de votación requeridas por la oposición, la Unión Europea y EE.UU.

Una autoproclamación del dictador que usa el cargo de Caryslia para otorgar validez a sus soflamas. María Corina Machado, líder de la oposición, ha tildado este nombramiento del autócrata para presidente hasta 2031 como un «golpe de Estado». Tanto Machado como el candidato presidencial Edmundo González han denunciado, a través de la red social X, que la soberanía nacional de Venezuela no se ha respetado.

Pero Maduro se aferra a un poder que, esta vez, puede tener consecuencias. Tal y como apunta el secretario adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, Washington «responsabilizará a quienes permitan el fraude electoral y la represión».

Unas insidias que Caryslia Rodríguez, 25 días después del megafraude del dictador Nicolás Maduro, cometió como máxima autoridad en la judicatura venezolana (como un servicio imprescindible para el dictador) «certificando de forma inobjetable el material electoral peritado y convalidado».

Esta jueza no es la primera vez que provoca un traspiés a la ya maltrecha democracia venezolana y se involucra en los dictámenes del sátrapa. En más de una ocasión, ha pedido el voto para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, pronunciado peseuve) de Maduro.

Un caos político que ha llegado a su culmen, por lo que Estados Unidos también pretende denunciar la actuación de Fanny Beatriz Márquez Cordero e Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrados de la Sala Electoral del Supremo.

Las sanciones llevarían aparejadas prohibiciones de viaje a los funcionarios afectados y a sus familiares, y prohibirían a las entidades estadounidenses hacer negocios con ellos.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, respondió en los últimos días acusando a Washington de organizar «un golpe de Estado» contra Maduro.

Rodríguez, señalada por su afiliación

Enrique Márquez, candidato opositor independiente, pidió hace tres días apartar mediante procedimiento judicial a la magistrada Rodríguez. El político indicó a la prensa la vinculación política que Caryslia mantiene con el Partido oficialista Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y con el presidente Maduro.

Rodríguez, como candidata del PSUV, fue concejal de Caracas en diciembre de 2018. En agosto de 2021 la proclamaron alcaldesa después de la renuncia de la también oficialista Erika Farías.

En abril de 2022, la Asamblea Nacional, con mayoría abrumadora del oficialismo, fue nombrada magistrada de la Sala Electoral. Meses más tarde se alzó con el puesto de presidente del Tribunal Supremo de Justicia.