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Andrés Manuel López Obrador (AMLO) Presidente de México

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) Presidente de MéxicoAlfredo Estrella / AFP

El Senado mexicano se alista para aprobar por vía rápida la reforma al poder judicial

La American 'Society of Mexico' (Amsoc) anunció que empresas estadounidenses en México han frenado anuncios de inversión ante estos posibles cambios

Este martes, la Cámara de Senadores en México aprobó acuerdos para discutir de manera acelerada las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo la elección de jueces mediante voto popular, incluso en lugares alternativos.

La decisión, promovida por la mayoría oficialista en la Cámara alta del Congreso mexicano, permitirá a los senadores iniciar de inmediato la discusión del dictamen enviado por la Cámara de Diputados sobre la controvertida reforma judicial, así como otras propuestas, como la eliminación de órganos autónomos, que han generado controversia tanto dentro del país como a nivel internacional.

Además, los acuerdos permiten que los senadores puedan llevar a cabo la discusión y eventual aprobación en lugares distintos al recinto legislativo de la Cámara alta, ubicado en las avenidas principales de Paseo de la Reforma e Insurgentes, en la Ciudad de México.

«En caso de que se presenten circunstancias de fuerza mayor o imprevistos que impidan el trabajo del Senado de la República en el Salón de Sesiones, el Pleno del Senado autoriza que las sesiones plenarias del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura se realicen en un lugar distinto al Salón de Sesiones, dentro del recinto del Senado de la República», se lee en el acuerdo.

Esta decisión se produce después de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloquearan el acceso a los congresistas de la Cámara baja para evitar la discusión de la reforma que propone la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, y la creación de un órgano revisor de los fallos emitidos por los jueces mexicanos.

En este contexto, la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la senadora Ernestina Godoy, quien pronto será la consejera jurídica de la Presidencia de la República, será responsable de iniciar el análisis de la reforma judicial.

Mientras tanto, los legisladores oficialistas en la Cámara de Diputados, que cuentan con la mayoría calificada de dos tercios del total de escaños, ya han comenzado la discusión y pronta aprobación de la reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso el pasado 5 de febrero, sin consultar con la oposición ni con los miembros del PJF.

La discusión de la controvertida reforma se llevará a cabo en una sede alterna al recinto legislativo de San Lázaro, después de que trabajadores del PJF bloquearan los accesos desde las primeras horas del día.

La reforma judicial en México ha generado advertencias de organismos multilaterales como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio Internacional; calificadoras como Fitch; y entidades como Citibanamex, Morgan Stanley y UBS, además de las embajadas de Estados Unidos y Canadá, debido a los posibles riesgos para la inversión privada, los tratados comerciales y las posibles sanciones económicas.

Asimismo, este martes, la American Society of Mexico (Amsoc) anunció que empresas estadounidenses en México han frenado anuncios de inversión en el país ante las posibles implicaciones de estas reformas en el Parlamento mexicano.

En contra

Tras una decisión dividida, el pleno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sumó este martes a la suspensión de actividades que trabajadores del Poder Judicial comenzaron hace casi dos semanas contra la reforma judicial que ahora discute el Congreso.

En sesión privada, ocho ministros votaron a favor del paro de labores, mientras que las tres ministras que abiertamente apoyan al oficialismo, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, se posicionaron en contra.

Con esta decisión, la operatividad de la Suprema Corte se reducirá solo a asuntos urgentes, en un evento crucial en la historia del Poder Judicial en México.

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