El vicepresidente de Italia, Matteo Salvini, en una conferencia de prensa
Inmigración en Europa
La Fiscalía italiana pide seis años de cárcel para Matteo Salvini por bloquear el Open Arms
El actual vicepresidente del Gobierno de Italia ha insistido en que «defender las fronteras no es delito» mientras la Fiscalía asegura que «lesionó la libertad personas de 147» inmigrantes
Ha comenzado el juicio contra Matteo Salvini, el vicepresidente y ministro de Infraestructura y Transporte del Gobierno italiano de Giorgia Meloni. Al político se le acusa por haber bloqueado durante 20 días el barco español Open Arms con 147 inmigrantes abordo. Un suceso que tuvo lugar a principios de 2019 en el Mediterráneo central cuando era ministro del Interior, en el marco de su política antimigratoria.
La fiscal Marzia Sabella reclamó seis años de pena de prisión tras un largo alegato ante el Tribunal de Palermo señalando en sus conclusiones, entre otras cosas, que «el rechazo consciente» de aquella nave «lesionó la libertad personas de 147» inmigrantes «sin un motivo comprensible», tal y como informa AFP.
La justicia intervino, en 2019, para permitir finalmente el acceso del barco al puerto de la isla italiana de Lampedusa (sur) y desembarcar a los 83 inmigrantes que quedaban a bordo, pues el resto habían sido sacados antes poco a poco por motivos médicos.
El político ha declarado que podría afrontar una petición de pena de hasta seis años de cárcel «por haber mantenido la palabra dada a los electores». Y confiesa que «volvería a hacerlo» porque «la defensa de las fronteras ante los clandestinos no es un delito». Para concluir dándose ánimos: «Adelante, sin miedo»
El fiscal Geri Ferrara ante el Tribunal de la ciudad de Palermo (Sicilia) ha defendido que la causa «no tiene nada de política». Se espera que a lo largo del proceso se anuncie su petición de pena para Salvini, aún sin especificar.
En concreto Salvini está imputado por los delitos de secuestro de personas y abuso de poder y no ha acudido a la vista de este sábado en la que se dará a conocer la postura de la Fiscalía.
En una larga y detallada intervención, el fiscal Ferrara explicó que cuando Salvini fue nombrado ministro, en junio de 2018, «las decisiones sobre los desembarcos fueron trasladadas a su gabinete desde el Departamento para las Libertades Civiles y la Inmigración». «Era el ministro quien decidía y este es un elemento clave», alegó.
También, según recoge la agencia EFE, ha querido destacar que tanto exministros como funcionarios han negado, como testigos, que entonces se supiera que a bordo del Open Arms pudiera haber terroristas.
A lo largo del proceso Salvini ha defendido que su intención era defender las fronteras italianas y forzar un reparto de los inmigrantes en Europa y que sus políticas eran «compartidas» por el resto del Gobierno. Una coalición entre su Liga y el Movimiento 5 Estrellas presidida por el primer ministro Giuseppe Conte.
El fiscal sostuvo que en cualquier caso el respeto por las personas rescatadas debe estar por encima de todo. «Hay un principio clave y no discutible: entre los Derechos Humanos y la protección de la soberanía del Estado, en nuestro ordenamiento los primeros deben prevalecer», apuntó.
Este juicio se ha celebrado porque en julio de 2020 el Senado italiano votó a favor de permitirlo, dado que el político contaba con la inmunidad parlamentaria. El próximo martes está prevista la defensa de su abogada, Giulia Bongiorno.
La Liga, uno de los tres partidos de la coalición de Meloni, ha organizado protestas los dos últimos fines de semana de septiembre y una manifestación el seis de octubre en su feudo, la localidad de Pontida, situada en el norte de Italia.