La Justicia de Argentina emite una orden de captura contra Maduro por crímenes de lesa humanidad
La Justicia argentina se basa en el principio de jurisdicción universal para acusar al presidente venezolano y altos funcionarios de su gobierno
Un tribunal federal de Argentina emitió este lunes una orden de captura contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusándolo de crímenes de lesa humanidad. La decisión marca un importante avance en un caso abierto en enero de 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), que invoca el principio de jurisdicción universal, permitiendo a países procesar graves violaciones de derechos humanos sin importar dónde se cometieron.
Además de Maduro, la orden de captura también se extiende al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, y otros miembros del Ejecutivo chavista. La resolución fue adoptada por los jueces de la Cámara Federal de Buenos Aires, quienes, en un fallo considerado «histórico» por el FADD, destacaron la responsabilidad del régimen en prácticas de terrorismo de Estado, tortura y desapariciones forzadas.
Precedente judicial en Argentina
La causa contra Maduro se consolidó tras meses de testimonios y denuncias por parte de víctimas venezolanas, algunas de las cuales relataron en audiencias recientes los abusos sufridos bajo la dictadura venezolana. La acusación detalla casos de persecuciones, detenciones arbitrarias y torturas, prácticas que el tribunal calificó como crímenes contra la humanidad.
La resolución de la Cámara Federal sigue la línea de otras investigaciones basadas en el principio de justicia universal en Argentina, como las relativas al genocidio rohingya en Myanmar o las violaciones de derechos humanos en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega.
El fallo también envía una señal a la Corte Penal Internacional (CPI), donde Maduro ya enfrenta una investigación por crímenes de lesa humanidad. Elisa Trotta, secretaria general del FADD, subrayó que «el mundo se ha vuelto más pequeño para quienes han cometido crímenes atroces», instando al fiscal de la CPI a emitir órdenes de captura internacionales y poner fin a la impunidad en Venezuela.
El proceso en Argentina refleja la creciente presión internacional sobre el régimen venezolano, con denuncias constantes de violaciones a los derechos humanos por parte de la ONU y diversas ONG. La Misión Internacional Independiente de la ONU denunció la «brutal represión» en Venezuela, especialmente después de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
El camino hacia la orden de captura
El proceso legal que culminó con la orden de arresto contra Maduro comenzó en enero de 2023, cuando el FADD presentó una denuncia penal ante la Justicia argentina. En los meses siguientes, se unieron otras denuncias, incluida una presentada por la Fundación Clooney para la Justicia. Tras investigar los casos y recibir testimonios, la Cámara Federal dictaminó en abril de 2024 que la jurisdicción universal argentina debía aplicarse en este caso, lo que allanó el camino para el fallo final.
Intervención en el foro de Neos
María Corina Machado: «Vamos a lograr que Maduro acepte su derrota y salga del poder»
El 17 de septiembre de 2024, durante una audiencia clave, cinco víctimas venezolanas ofrecieron testimonios desgarradores sobre la violencia y represión que sufrieron en Venezuela. Estos relatos fueron cruciales para la decisión del tribunal de emitir la orden de captura.
Repercusiones inmediatas
Aunque no se han reportado intentos inmediatos de arrestar a Maduro, la orden de captura significa que, en teoría, podría ser detenido si viaja a cualquier país que reconozca la jurisdicción argentina. La comunidad internacional está observando de cerca cómo reaccionarán otros gobiernos ante esta decisión, que refuerza la narrativa de que las violaciones de derechos humanos en Venezuela no quedarán impunes.
Por su parte, el FADD y otras organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión del tribunal como un avance en la lucha contra la impunidad en Venezuela, y recalcaron su compromiso de acompañar a las víctimas en su búsqueda de justicia.