Ahora, más que nunca, el compromiso debe ser con las víctimas del régimen de Maduro

Hace pocas horas sucedió una de tantas violaciones a los derechos humanos que retrata de modo fiel una política de Estado sistemática para oprimir a todo el pueblo venezolano.

Se trata del caso de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, preso político detenido por protestar por el robo de las elecciones del 28 de julio. Jesús falleció en el centro penitenciario de Tocuyito sin que nadie de ninguna explicación de que paso y como paso. Su hijo, José, un adolescente, se enteró de la muerte de su padre a través de las redes sociales y se trasladó al penal donde le negaron que algún preso hubiera muerto. Posteriormente, se trasladó a un hospital donde reconoció el cadáver.

Sin embargo, al tratar de retirar el cuerpo de su padre le niegan que esté su padre fallecido en el hospital. Luego de días de desaparición se hace un entierro totalmente controlado por la Policía donde solo está él. Ni sus hermanos ni otros familiares pudieron ir al entierro. Por cierto, su mamá también está presa desde hace meses por protestar después de las elecciones del 28 de julio.

Este es otro preso político que se le niega atención médica y se deteriora su cuadro de salud en las mazmorras de la dictadura, es otra muerte que enluta a Venezuela.

Desde el 28 de julio, no solo se han disparado las detenciones arbitrarias, más de 2.000 desde esa fecha, sino las muertes de los presos políticos, que hoy no solo son quienes ejercen alguna actividad partidista, sino cualquier persona que defienda la verdad y crea en la democracia, inclusive niños son detenidos y torturados por el solo hecho de pedir libertad y dignidad.

Ante tanta crueldad e ignominia de la dictadura, la Corte Penal Internacional (CPI) sigue sin hacer la justicia que espera el pueblo venezolano. Nicolás Maduro se ha valido del principio de complementariedad para burlarse de la CPI y dilatar todo el proceso.

La demora ha llegado a tal punto que el reconocido abogado y asesor del fiscal de la CPI, Claudio Grossman, renunció esta semana a su cargo, alegando inconformidad con la demora en la investigación a las violaciones de derechos humanos denunciadas en Venezuela.

Ante esta dilatación y ante la necesidad de que se imponga la justicia y los DDHH, es necesario que los países ejerzan la mayor presión sobre la CPI, más países deben sumarse a la denuncia contra Maduro o activar internamente la justicia universal como hizo Argentina.

España esta misma semana a través de su Parlamento aprobó precisamente una moción para exigirle a Pedro Sánchez que active los mecanismos necesarios para presionar a la CPI con respecto al caso venezolano. Gracias al liderazgo y persistencia de Cayetana Álvarez de Toledo se pudo lograr pasar por encima de la pasividad del Gobierno, una mayoría parlamentaria que envía un mensaje muy importante para todas las víctimas de la represión.

Las crisis y multiplicación de violaciones de los derechos humanos hacen evidente que para lograr el fortalecimiento de la democracia en el mundo y para lograr que el Estado de derecho sea quien sostenga a las instituciones, se debe lograr fortalecer los mecanismos internaciones de protección de los derechos humanos.

Si analizamos los casos más relevantes en los que la CPI ha logrado juicios y castigos, nos daremos cuentas que son pocos casos y mayoritariamente en el ámbito de África. Es mucho lo que queda por hacer para que la lucha contra las violaciones a los derechos humanos a nivel multilateral sea eficaz.

Está por ejemplo el caso de Thomas Lubanga Dyilo (República Democrática del Congo), quien fue sentenciado a 14 años de prisión en 2012. Cumplió la mayor parte de su condena en una prisión en La Haya. Otro caso emblemático fue el de Ahmad Al Faqi Al Mahdi (Mali). Sentenciado a nueve años de prisión en 2016. Cumple su condena en una prisión bajo la jurisdicción de la CPI por su responsabilidad en la destrucción del patrimonio cultural en Tombuctú. También está el de Dominic Ongwen (Uganda). Sentenciado a 25 años de prisión.

La lucha por los derechos humanos puede ser una herramienta sumamente efectiva para mejorar la calidad democrática en países con déficits democráticos, pero su impacto depende de varios factores, incluyendo el contexto político, la movilización social, y la presión nacional e internacional.

En Europa del Este, tras la caída del comunismo, la defensa de los derechos humanos fue clave para fortalecer la independencia judicial y los procesos democráticos.

Los movimientos por los derechos humanos pueden liderar procesos de cambio durante crisis políticas, transiciones de dictaduras a democracias, o negociaciones para terminar conflictos. En última instancia, la defensa de los derechos humanos no solo mejora la democracia, sino que contribuye a construir sociedades más justas y libres. Por eso, la comunidad internacional no puede abandonar la crisis venezolana, ahora más que nunca el compromiso debe ser con las víctimas.