Un juez bloquea la orden ejecutiva «descaradamente inconstitucional» de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento
La orden pone fin a la garantía constitucional de la ciudadanía por nacimiento, independientemente del estatus migratorio de los padres
Un juez federal de Estados Unidos aseguró este jueves que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento es «descaradamente inconstitucional» y que ha emitido una orden de restricción temporal para bloquearla.
El juez John Coughenour, designado por Ronald Reagan, accedió a la solicitud del fiscal general de Washington, Nick Brown, y de otros tres estados liderados por demócratas para que se emitiera una orden de emergencia. En ella se pedía que se detuviera la implementación de la política durante los próximos 14 días mientras hay más sesiones informativas en el desafío legal.
«He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso donde el caso presentado sea tan claro como este. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional», dijo Coughenour, quien fue nominado para el cargo en 1981.
El decreto de Trump —firmado por el republicano horas después de asumir su puesto el lunes— dictamina que las personas nacidas en EE.UU. de padres indocumentados o con un estatus legal «temporal» —como una visa de trabajo— no podrán obtener la ciudadanía.
En la práctica, eso impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a dichos niños y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
En total 22 estados con gobiernos demócratas interpusieron este martes una demanda en contra del intento de Trump de acabar con ese derecho. En un primer momento 18 estados interpusieron su denuncia el martes y ese mismo día otros cuatro estados pidieron a la corte federal que su orden no fuera aplicada.
La decisión de Coughenour está relacionada con esos últimos cuatro estados y estará en vigor durante 14 días, tiempo durante el cual podría haber recursos en su contra, según detalló el diario The Seattle Times.