Trump elimina departamento de educación
El Supremo respalda a Trump y autoriza el bloqueo de 65 millones en ayudas a programas de diversidad educativa
El alto tribunal suspende temporalmente subvenciones del Departamento de Educación destinadas a fomentar la inclusión y la equidad en escuelas rurales y empobrecidas, avalando la postura del Ejecutivo republicano
El Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció este viernes a favor de la Administración del presidente Donald Trump, al permitir la suspensión de una partida de 65 millones de dólares en subvenciones que el Departamento de Educación había asignado a iniciativas centradas en diversidad, equidad e inclusión en el ámbito educativo.
La decisión fue adoptada por una ajustada mayoría de cinco votos frente a cuatro, en una resolución que detiene la aplicación de fondos dedicados a la capacitación del profesorado y al desarrollo profesional, especialmente en áreas rurales y de bajos recursos.
La medida revierte una orden temporal de catorce días emitida por un tribunal federal inferior, que pretendía frenar el bloqueo del financiamiento. A petición del gobierno federal, el Supremo anuló dicha orden, considerando válida la justificación de la Administración Trump sobre el impacto que la continuación de esa decisión tendría en la gestión presupuestaria del Ejecutivo.
Según recogió The New York Times, estas ayudas estaban orientadas a facilitar el acceso de educadores a regiones necesitadas, con el propósito de construir una plantilla docente representativa de la diversidad de las comunidades atendidas. Sin embargo, en febrero, el Departamento de Educación advirtió mediante una carta a los beneficiarios que estos programas no respondían al interés general del país, al priorizar criterios distintos del mérito, la equidad y la excelencia académica.
El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva para cerrar el Departamento de Educación
Varios estados, entre ellos California y Nueva York, afectados por la interrupción de estas iniciativas, interpusieron una demanda denunciando que la medida pondría en riesgo el funcionamiento de sus sistemas escolares, especialmente en zonas urbanas y rurales donde sería necesario recurrir a contrataciones temporales para suplir la falta de personal cualificado.
No obstante, el Supremo consideró que los estados demandantes no estaban imposibilitados para continuar sus programas, ya que contaban con recursos suficientes para mantenerlos de forma provisional. El alto tribunal señaló además que, en caso de que los estados ganen el litigio, podrán recuperar el dinero retenido; si optan por suspender las iniciativas, cualquier consecuencia negativa recaería bajo su propia responsabilidad.
La postura del gobierno estadounidense también fue respaldada por el argumento de que un juez de distrito no debería tener la capacidad de imponer políticas de alcance nacional, incluso de manera temporal, sentando un precedente que podría interferir con la autoridad ejecutiva.
Pam Bondi, fiscal general y portavoz del equipo legal del expresidente, celebró la resolución afirmando que representa «una victoria importante» tanto para la agenda de Donald Trump como para el respeto a la separación de poderes. «Este fallo confirma lo que hemos defendido desde hace meses: ningún juez local tiene la potestad de administrar el dinero de los contribuyentes ni de frenar unilateralmente las políticas federales», declaró.
Este pronunciamiento del Supremo, más allá de su impacto presupuestario inmediato, refleja una clara inclinación hacia una interpretación más limitada del papel judicial en la supervisión de decisiones del Ejecutivo en materia de gasto público y diseño de políticas sociales.
