El Congreso chileno recupera su importancia

Tras el plebiscito en Chile el pasado 4 de septiembre, en que la izquierda y el gobierno de Gabriel Boric fueron los grandes perdedores, el Congreso Nacional de Chile recupera su importancia.

En efecto, durante el último mes, la izquierda dura, liderada por el Partido Comunista, ha presionado por ir adelante con un nuevo proceso constituyente conformado por nuevos convencionales, repitiendo el fracasado proceso anterior.

El punto de partida es una promesa que hicieron los líderes de algunos partidos políticos de oposición, de que en caso de triunfar el rechazo en el plebiscito de salida, se seguiría adelante igual con un nuevo proceso constituyente.

Esta situación ha generado un quiebre entre los que resultaron ganadores en el plebiscito, toda vez que en el texto del acuerdo de «paz», post estallido delictual -social para los miopes- se determinaba claramente que si se rechazaba la propuesta de la convención, seguía rigiendo la Constitución actual aprobada y modificada bajo el gobierno del socialista Ricardo Lagos.

La izquierda chilena, por razones ideológicas, insiste en llamarla la Constitución de Pinochet

En los últimos días, ha surgido con fuerza la idea de que no se requiere elegir a nuevos convencionales, sino más bien, lo que corresponde es que el Congreso Nacional, el cual en Chile está conformado por el Senado con 50 miembros y la Cámara de Diputados con 155 miembros, sean los responsables de redactar una nueva Constitución.

Esta posición es la que planteó Cayetana Álvarez de Toledo en su paso por Chile. La diputada del PP afirmó en una de sus charlas en Chile, que si los congresistas no son capaces de legislar, que cierren la Institución a la que pertenecen, pues para legislar y llegar a acuerdos les pagan un salario.

Simultáneamente se han publicado declaraciones y columnas, como la del presidente de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile –importante patronal de los empresarios– la que manifiesta que es el Congreso el lugar donde se debe avanzar en estas materias.

El fracasado proceso anterior le costó al erario fiscal más de 75 millones de euros y 3 años de incertidumbre con nefastos efectos sobre la economía y la paz social.

La mayoría de los chilenos demanda un proceso acotado en el tiempo y que el nuevo borrador recupere el sentido común.

Ya están descartados la plurinacionalidad –una verdadera pluriestupidez– los escaños reservados para pueblos indígenas y una serie de otras propuestas completamente ridículas, presentadas por el borrador ya rechazado.

Aunque los medios de comunicación y el Gobierno le asignan mucha importancia a la nueva Constitución, la mayoría de los chilenos hoy enfrentan una situación de inseguridad interna terrible.

Ayer se anunció que cada día en Chile se producen 30 «encerronas o portonazos» para robar coches. Las usurpaciones de terrenos crecen y la inmigración de venezolanos ilegales continúa sin pausa, ante la indolencia de la autoridad.

En Santiago de Chile, los liceos emblemáticos, están raptados por jóvenes delincuentes que impiden el desarrollo de clases. Los alumnos del INBA (Internado Nacional Barros Arana) han atacado 31 veces con bombas molotov el Cuartel de la División de Ingenieros del Ejército de Chile.

Por normas legales vigentes, los militares no pueden defenderse y solo han podido utilizar el agua de los sistemas anti incendios para repeler los ataques.

En el intertanto, la economía chilena decrece aceleradamente y el grado de riesgo asignado a Chile por las calificadoras de riesgo internacionales se deteriora.

Las próximas semanas serán claves para comprobar si Chile retorna al sentido común o si continúa por el camino trazado por la izquierda dura chilena, enquistada en el corazón del Gobierno del joven Gabriel Boric.

• Andrés Montero es columnista, autor y empresario chileno