La tortura, represión y esclavitud moderna como política de Estado en Venezuela
Venezuela se ha convertido en el país con la mayor tasa de esclavitud moderna de la región, seguido de Haití, El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Jamaica, Bolivia y Perú
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) custodian las entradas al Palacio Federal Legislativo, Venezuela
El Instituto CASLA, una organización internacional creada en la República Checa que tiene como objetivo monitorear el estado de la democracia en Latinoamérica, presentó su Informe Anual recientemente. Cubre el período, 2022-2023 bajo el título: La Represión Sistemática en la Sombra: el Manual de Contrainteligencia Militar y la Responsabilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela.
Sus páginas son un retrato de los manejos del gobierno venezolano que expone su afán de asesinar, torturar, reprimir, amenazar e instigar al odio y lo convirtió en política de Estado.
Se expone allí, las torturas y vejaciones a las que son sometidos los reclusos (en su mayoría presos políticos civiles y militares, 13 de los cuales fueron asesinados mientras permanecían en custodia) así como la existencia de celdas de reclusión denominadas «la nevera, la celdita o la caja de muñecas» cuyas dimensiones solo permiten estar de pie o en cuclillas, pero no acostarse.
El informe señala que la política de control social se inició con el confinamiento en el 2020, debido a la pandemia de la Covid-19, pese a que el gobierno minimizaba las cifras de contagiados y muertos, y se aprovechó para iniciar su avance en el ejercicio sistemático del asesinato, las torturas y la represión, acompañada por la manipulación del hambre, la salud y las necesidades básicas de los venezolanos.
Allí comenzó el deterioro pronunciado del servicio eléctrico, del agua, el gas de uso doméstico, el transporte público, la gasolina y el salario, junto con la represión de la protesta, deteniendo no solo a quienes manifestaban, sino a reporteros o trabajadores de medios de comunicación que cubrían las protestas, abogados que acompañaban a manifestantes, e incluso, a médicos y trabajadores de la salud que salían a reclamar por material o medicamentos para cuidarse y combatir la pandemia.
El proceso continuó con la intimidación, acoso y represión contra la oposición y los líderes políticos, sindicales y gremiales, la persecución y encarcelamiento de asesores y personas cercanas al entonces presidente (Int) Juan Guaidó; las detenciones arbitrarias, la tortura constante contra los presos políticos y sus familias.
El Instituto CASLA documentó y envió a la Corte Penal Internacional, ahora reactivada en su investigación sobre Venezuela, 25 nuevas incidencias o momentos históricos, donde al menos 141 personas fueron víctimas de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada temporal y violación o alguna forma de violencia sexual.
Las víctimas perdieron uñas de las manos y de los pies a golpes
Se documentaron también, casos de torturas donde las víctimas perdieron uñas de las manos y de los pies a golpes; por lo menos 25 personas fueron colgadas de una polea o columna horizontal esposados, para asfixiarlos y darles descargas eléctricas, y hubo violencia sexual y el desnudamiento para torturar y humillar a los presos políticos, los castigos en celdas bajo tierra sin ventilación ni luz natural, confinamiento e incomunicación por meses, sin recibir la atención médica necesaria.
El informe destaca de manera especial los testimonios obtenidos de civiles y militares (oficiales de la FAN y funcionarios públicos formados en Cuba, o formados por funcionarios o militares cubanos en Venezuela) que fueron torturados por oficiales cubanos. Estos denunciantes señalaron que su entrenamiento en Cuba y Venezuela consistió, básicamente en: técnicas de adoctrinamiento y control social, infiltración de Instituciones civiles y militares, planificación de la represión sistemática, e inducción y participación directa en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Walk Free publicó también su informe sobre esclavitud moderna 2023, donde Venezuela aparece con el registro de 270.000 personas bajo este flagelo
Como si esto fuera poco, la organización Walk Free publicó también su informe sobre esclavitud moderna 2023, donde Venezuela aparece con el registro de 270.000 personas bajo este flagelo, que sería alrededor del 9,4 % de su población total que ronda los 28.436.000 de ciudadanos.
Según Naciones Unidas, «la esclavitud moderna hace referencia a situaciones de explotación que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder. Incluye desde el trabajo forzoso o mal pagado, en todas sus formas, hasta los matrimonios forzados». En la práctica, es la antítesis de la justicia social y el desarrollo sostenible.
Así, Venezuela se ha convertido en el país con la mayor tasa de esclavitud moderna de América Latina, seguido de Haití, El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Jamaica, Bolivia y Perú; pero, además, es el segundo país más vulnerable de América por debajo de Haití, junto con Eritrea, Sudán del Sur, Arabia Saudí y Turquía.
De acuerdo al informe, Venezuela entra en el grupo de países donde los conflictos, los asesinatos, la carencia de servicios básicos y el trabajo forzoso impuesto por el Estado a través del mantenimiento de un salario mínimo menor a cinco dólares mensuales, afectan al 80 % de la población.
Siete millones de emigrantes
Advierte el texto que una de las cosas que fomenta la esclavitud moderna es la emigración forzada, que en el caso venezolano asciende a unos siete millones de personas (poco más del 25 % de la población).
Una de las cosas que fomenta la esclavitud moderna es la emigración forzada
El dossier señala que Venezuela y Surinam son las naciones de América Latina que menos trabajan para erradicar la esclavitud moderna. De igual forma, expone que este fenómeno en el país, como en Haití y El Salvador se mezcla con la emigración, la inestabilidad política y el narcotráfico.
Los menos pacíficos
Y si faltaba algo, más recientemente, el Índice de Paz Global, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, con sede central en Sidney, situó a Venezuela empatada con Colombia en el puesto 140, entre los países latinoamericanos «menos pacíficos» sobre 163 países evaluados. La siguen de cerca: Brasil, Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras.
No obstante lo señalado en estos tres escalofriantes informes internacionales, lo cierto es que un vistazo a los últimos 20 años del gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, parece dejar claro que la voluntad de permanecer en el poder «para siempre», lo ha llevado a desarrollar estrategias diversas de ejercicio sistemático de la violencia, cuya expresión más visible es el control armado de la población, pero que incluye varias formas de violencia física, psicológica y social.
Estos informes llegan en buen momento, visto el anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) en el cual se autoriza la continuación de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, paralizadas desde abril de 2022 por un recurso, ahora desestimado, del gobierno venezolano.
Bajo la supervisión de los servicios de inteligencia de Cuba, y más recientemente de Irán y Rusia
Tal estrategia va desde la desnaturalización de las funciones y sentido de las Fuerzas Armadas Nacionales y los cuerpos policiales, convertidas ahora en un partido político, todo ello bajo la supervisión de los servicios de inteligencia de Cuba, y más recientemente de Irán y Rusia; pasando luego por el abierto respaldo a la guerrilla colombiana de las FARC y el ELN, para que actúen como retaguardia armada a lo largo de toda la frontera con el país vecino; también, la organización de grupos armados civiles bajo el nombre de «colectivos», el apoyo a organizaciones criminales, fuera y dentro de las cárceles y la creación de «cuerpos policiales de tarea», con permiso para matar, que ya llevan más de seis mil asesinatos y ajusticiamientos extrajudiciales a cuestas.
