La «narrativa parcializada» de la embajadora de Venezuela en España

Con fecha 31 de octubre de 2023, la Sra. Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en España, envió una larga carta a medios de comunicación españoles, con el propósito de argumentar contra «la existencia de una narrativa parcializada en torno a recientes sucesos de la vida política nacional».

En dicha carta se tratan dos temas: la situación de las elecciones primarias de la oposición venezolana y el asunto de la inhabilitación de la candidata y líder María Corina Machado.

Respecto al tema de las primarias, la embajadora señala que: «Ya son muchas y diversas las voces que en Venezuela están señalando las presuntas irregularidades de este proceso».

A continuación, y este es el asunto de fondo, procede a una extensa argumentación, en la cual, a fuerza de omisiones, medias verdades y manipulación, construye, ahora sí, una «narrativa parcializada» que convierten las «presuntas irregularidades» cometidas en las elecciones primarias opositoras, en pruebas concluyentes e irrefutables procesalmente, de la comisión de varios delitos por parte de la organización Súmate y de la Comisión Nacional de Primarias (CNP).

Como todos sabemos, la palabra «presunto» significa «supuesto» o se refiere a «aquel a quien se considera posible autor de un delito antes de ser juzgado».

Está de más decir que el señalamiento de «irregularidades» no constituye, en ninguna parte, una prueba de delito, en particular porque en este caso no hay ninguna evidencia de ellas, solo rumores difundidos por el propio Gobierno, tal como quedó en evidencia después de haber citado a declarar en la sede de la fiscalía general de la República, a todos los miembros de la CNP y a sus 24 coordinadores regionales, sin que se haya producido alguna conclusión de carácter legal o se haya llamado a un juicio.

Adicionalmente, debo decir que las «muchas y diversas voces» a las que se alude, son en realidad las de funcionarios a sueldo del Gobierno venezolano o miembros de la oposición. Los denominados «alacranes», cuyos intereses, como es público y notorio, tienen tiempo alineados con los del régimen.

Así que la Sra. Embajadora crea su narrativa a partir de que supone (cree que) alguien ha cometido un delito, pero, aunque no puede probarlo, argumenta en la carta a favor de su supuesto y espera que se publique.

El segundo tema es la inhabilitación de la Sra. María Corina Machado, respecto a la cual señala que «cometió delitos de corrupción y delitos contra la paz y la estabilidad del país».

El Gobierno ha inhabilitado para ejercer cargos públicos a más de 1.400 ciudadanos

Para aclarar el punto, es necesario un poco de historia. Desde el año 2002, hasta la fecha, el Gobierno ha inhabilitado para ejercer cargos públicos a más de 1.400 ciudadanos, entre los cuales están algunos de los líderes opositores más conocidos o con más apoyo popular. En 2014, Machado fue destituida de la Asamblea Nacional acusada de «traición a la patria» por haber aceptado unirse a una delegación panameña para poder hablar ante la Asamblea General de la OEA, en Washington.

En 2015, la Contraloría General de la República –órgano auditor del Poder Ciudadano– la inhabilitó para ocupar cargos públicos por un año, apenas cinco meses antes de las elecciones parlamentarias, a las que Machado pensaba concurrir.

La Sra. Machado explicó entonces que la Contraloría la inhabilitó porque no incluyó en su declaración jurada de patrimonio el pago de los míseros bonos de alimentación que el Gobierno entregaba, conocidos como cestatickets: «Nunca me entregaron esos cestatickets. Por eso no los incluí en el documento que entrego una vez al año».

Tal como señala la Sra. Embajadora, las dos causas de inhabilitación en Venezuela son: «La Inhabilitación Política es decidida por los Tribunales, y se aplica a quienes se encuentren incursos en responsabilidad penal por la comisión de un delito», a la que nunca ha sido sometida la Sra. Machado; y la Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, es decidida por la Contraloría General de la República, a la cual la Sra. Machado fue sometida en 2015 con duración de un año y ya venció.

Siete años más tarde, en junio del 2023, a solicitud de un diputado de la Asamblea Nacional (AN), sin que mediara ninguna investigación, ni juicio, la Contraloría extendió, arbitrariamente, esa sanción a 15 años y con los mismos argumentos usados en 2015, es decir, una «investigación patrimonial» sobre la justificación de unos fondos durante el período auditado en ese entonces. Así que estamos ante una doble penalización.

Ahora entiendo a que se refiere la Sra. Embajadora con la expresión «narrativa parcializada», pero también sé que no son los medios de comunicación la que la han construido.