Nueva vuelta de tuerca en la criminalización de la oposición a Maduro

En estos días, a principios de abril, la Asamblea Nacional venezolana (AN) bajo el control del gobierno de Nicolás Maduro, aprobó apresuradamente en primera discusión, una ley que lleva el rimbombante nombre de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares.

Su propósito es endurecer la represión contra cualquier forma de disidencia política o ideológica, especialmente si proviene de la oposición venezolana.

La Ley impone cárcel, inhabilitación política y multas por decir «mensajes prohibidos» pero es el gobierno, a través de una Comisión de alto nivel designada por el presidente, quien decide lo que está prohibido.

No obstante, esta no es una propuesta aislada, pues viene a conformar una suerte de «pentágono invocador del mal» conformado por otras cuatro leyes dirigidas a limitar la libertad de expresión.

Todo comenzó con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (la llamada: Ley Resorte), que incluyó los medios de comunicación digitales, promovida por Chávez en el 2004.

Esta Ley abrió las puertas al férreo control actual de los medios y ha permitido, hasta ahora, el cierre de más de 300 portales de noticias, periódicos, estaciones de radio y televisión y el bloqueo del acceso vía internet de muchos otros.

Luego, en 2010, vino la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (reformada en 2023), a través de la cual el gobierno logró intervenir a los principales partidos tradicionales (Acción Democrática, Partido Socialcristiano COPEI y hasta al Partido Comunista, entre otros), nombrando nuevas Juntas Directivas a su capricho.

Esta ley logró también que el gobierno tuviera la libertad de decidir cuándo y cómo permitir las reuniones públicas y las manifestaciones de descontento.

Después, en 2017, vino la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia,

que se ha traducido, hasta el momento, en la criminalización de 79 personas por medio de esta norma, solo por tuitear, compartir mensajes por WhatsApp o difundir videos con denuncias o bromas contra el Gobierno que se hayan hecho virales.

Al respecto, los especialistas destacan, entre otras cosas, que esta ley «no está redactada desde una perspectiva técnica legislativa correcta, sino desde la perspectiva de un ideólogo político que está buscando obtener beneficios o cumplir objetivos políticos».

En el 2023 la AN aprobó otra ley denominada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, con el claro propósito de limitar o impedir la libertad de asociación y acción de las organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, ¡oh sorpresa!, aparece sacada de la manga, la Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, como golpe de gracia a las garantías constitucionales que quedan, y a la libertad de expresión y de conciencia.

Esta ley copia y profundiza en su redacción, la perspectiva ideológico-política de la Ley Contra el Odio y evidencia que la formulación de tipos penales responde a «disposiciones sancionatorias que no cumplen con la precisión o certeza del principio de legalidad contenido en la Constitución».

Se señala también, que las sanciones penales contenidas en ella son «difusas, extremadamente amplias y sometidos a la más absoluta discrecionalidad para su aplicación».

Esto, sin duda, dará pie a «irregularidades muy grandes, pues será el criterio subjetivo de quién aplica la ley el que defina si una persona está cometiendo delito o no, además de prestarse a grandísimas tergiversaciones», según los expertos

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de ley es la prohibición de la militancia neoliberal, y en general la criminalización de posturas liberales o neoliberales. Según algunos especialistas, «aquellos que defienden políticas neoliberales serán tipificados como fascistas y enfrentarán condenas».

Esta disposición genera preocupaciones sobre la libertad de pensamiento e ideología, ya que restringe, todavía más, el debate político y limita la diversidad de opiniones en el país.

Así que, este quinteto de leyes, al inscribirse de un contexto político mayor, marcado por la proximidad de las elecciones presidenciales, permitirá al oficialismo la intensificación de sus esfuerzos para consolidar su posición, mientras que la oposición enfrentará obstáculos significativos para su participación y para la búsqueda de espacio en el panorama político venezolano.

Estamos, pues, ante la culminación de un proceso de criminalización del pensamiento disidente. A partir de ahora, estará definitivamente «prohibido pensar, hablar y actuar» en contra del gobierno.