Venezuela: el problema de un acuerdo de convivencia con el chavismo

En las últimas semanas han adquirido notoriedad en las redes sociales las opiniones acerca de un posible acuerdo de convivencia entre la oposición y el Gobierno de Venezuela con el propósito de garantizar la gobernabilidad postelectoral y la paz en el país.

No obstante, más allá de la propuesta presentada por el economista Víctor Álvarez, cuyos términos favorecen claramente al Gobierno (ver artículo anterior sobre el tema en este mismo periódico), no tenemos conocimiento de propuestas alternativas.

Por supuesto, el Gobierno hace mutis, pues pronunciarse sobre el asunto lleva consigo un reconocimiento tácito de su debilidad electoral.

Mientras tanto la oposición liderizada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia, no han ido más allá de reconocer la necesidad de tal acuerdo, y al menos un candidato (Enrique Márquez) ha hecho un pronunciamiento fundamentado, expresando apoyo a algunos de los términos del pacto presentado por Víctor Álvarez.

Otros formulan severas críticas a esa propuesta, especialmente en lo referido a la «Comisión de la Verdad» y a la «Justicia Transicional» que incluye la posibilidad de otorgamiento de «inmunidad absoluta durante diez años» a los altos funcionarios sobre los cuales pesa la oferta de recompensa por su captura, emitida por el Gobierno de Estados Unidos.

Ahora bien, ¿cuáles podrían ser términos posibles y razonables para un Acuerdo de Convivencia por la Gobernabilidad y la Paz con el Gobierno?

En primer lugar, el acuerdo debería establecerse entre el Gobierno y los representantes legítimos de la oposición, unidos en la Plataforma Unitaria (ahora incrementada por el apoyo de unos cuantos partidos, que aunque menguados en militantes, tienen una de larga tradición política y fortalecen la percepción de unidad) y con el visto bueno del candidato Edmundo González y de María Corina Machado, y no como se propone, que se suscriba exclusivamente entre y con los candidatos inscritos y aceptados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque estos también puedan incorporarse.

En segundo lugar, podría ofrecerse un salvoconducto para abandonar el país a los principales funcionarios del Gobierno y a los máximos líderes de su partido (PSUV), junto con el compromiso de que no se abrirá contra ellos ningún juicio en Venezuela, mientras dure el mandato del nuevo presidente.

Estaría bien que se estableciera, adicionalmente, el compromiso de solicitar la revocatoria de la oferta de recompensa emitida por el Gobierno de los EE.UU. contra funcionarios del alto gobierno, incluido el presidente Nicolás Maduro. Por supuesto, habría que excluir a los que ya están presos en el país norteamericano.

Un caso particular a considerar en este punto y en el anterior, es el del Sr. Tareck El Aissamí, pues es el único que tiene un expediente por corrupción y otros delitos abierto en nuestro país.

Es muy necesario también, para garantizar la gobernabilidad y la paz, incluir en el acuerdo el adelanto de la toma de posesión para el mes de agosto y el adelanto de las elecciones de la Asamblea Nacional para el mes de diciembre, por ejemplo.

Finalmente, habría que ser firmes en que no se incluya ningún término en el cual se establezca el compromiso de solicitar que se retire o suspenda la investigación que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) pues no hay aún ninguna conclusión, no se ha imputado a nadie y no se ha iniciado un juicio. Además, se trata de una investigación por «crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos» que no deben quedar impunes, cuando el organismo establezca las responsabilidades del caso.

Quedaría pendiente la evaluación de otras opciones en temas clave, como la inconveniencia de crear «comisiones de la verdad» o instancias de «justicia transicional» que solo consumirán tiempo y producirán pocos resultados, como muestran las experiencias propias y de otros países.

Al final, el único propósito digno, moral y ético debe ser promover y lograr un Acuerdo de Convivencia que permita hacer frente a las amenazas que se ciernen contra la gobernabilidad, subyacentes en el calendario electoral presentado por el CNE-Gobierno, y los peligros que enfrentará el mantenimiento de la paz en el país y la región (Guyana, Colombia, Brasil y el Caribe) cuando el Gobierno pierda las elecciones.

Este esfuerzo será vital, pues de lo contrario, lo que quedará será la posibilidad de una guerra interna, que no conviene a nadie.