Prohibiciones a la circulación
¿Pueden desaparecer las Zonas de Bajas Emisiones en otras ciudades españolas además de Madrid?
El resto de las ciudades españolas con Zonas de Bajas Emisiones en funcionamiento miran con recela una sentencia que puede ser aplicable a las suyas
Hace ya casi tres años que Madrid y Barcelona fueron las primeras ciudades españolas que pusieron en funcionamiento una Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
La capital se adelantó incluso al ordenamiento jurídico, lo que le supuso ya una primera sentencia que tumbaba su funcionamiento a principios de esta década, obligando a Almeida a reinventar todo el funcionamiento para sortearla.
Los tribunales ponen orden
En su momento las primeras Zonas de Bajas Emisiones fueron desarrolladas por Carmena bajo el nombre de Madrid Central, y Almeida lo cambio al actual de Madrid 360 sin perder el espíritu inicial con el que nacieron.
Ahora, tras más de dos años de aplicación durante los que se han puesto más de 1,6 millones de multas y se han recaudado más de 329 millones de euros, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara que estas zonas no son válidas por un defecto de forma en su concepción.
Estas zonas no son válidas
En concreto y aunque parezca mentira se trata de un defecto muy parecido al que ya sirvió para tumbarlas la primera vez.
De hecho, la sentencia del tribunal tras la denuncia de Vox echa en falta una memoria sobre los efectos económicos que puede tener su puesta en funcionamiento a todos los niveles, desde la macroeconomía de los comercios y las industrias hasta sus efectos sobre la microeconomía de ciudadanos de la capital, con especial énfasis en las clases bajas y económicamente más expuestas que han perdido su capacidad de movilidad.
La situación es tan delicada que en caso de hacerse firme la sentencia en 30 días, los ciudadanos podrían reclamar la devolución del importe de todas las multas y la anulación de las que están en trámite.
¿Devolverán las multas?
Del mismo modo comercios y particulares podrían llegar a pedir una compensación por los coches que han acabado en el desguace y por el daño económico sufrido.
Teóricamente las Zonas de Bajas Emisiones son obligatorias para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, unas 150, pero la realidad es que a día de hoy tan sólo entre 20 y 30 municipios de todas España las tienen en funcionamiento.
Es cierto que algunas como Gijón en su momento llevaron a cabo un estudio sobre los efectos sobre la economía, pero muchas de las demás no disponen del mismo en su ordenamiento de las ZBE, por lo que es más que probable que pudiera acogerse a sentencias similares en caso de alguna entidad como hizo VOX en Madrid las lleve ante los tribunales de justicia.
De acuerdo con juristas especialistas en la defensa de los derechos de los conductores, la sentencia está perfectamente articulada y el recurso no es fácil que prospere.