Feminismo clásico y un PSOE muy constitucional

Se ha convertido en tendencia mediático-intelectual consolidada—dicho sea sin ánimo cáustico— ver desfilar a exministros y demás personalidades vinculadas a la etapa política y gubernamental de Felipe González en todo tipo de medios para manifestar su descontento para con la deriva institucional emprendida por Pedro Sánchez. Mas conviene ser recordar quien la inició: corría el año 2003 cuando Cristina Alberdi, a la sazón diputada por Madrid, abandonó un Partido Socialista Obrero Español -al que se había afiliado en 1995-, descontenta porque, bajo la batuta de José Luis Rodríguez Zapatero, había suscrito el Pacto del Tinell con fuerzas soberanistas catalanas.

Como era de esperar, el PSOE prescindió de ella en la confección de las listas de cara a las elecciones generales de 2004. Poco le importó: nunca había vivido de la política y ya había desempeñado cargos prestigiosos. De entrada, esta abogada de formación y ejercicio había sido la primera mujer en formar parte del Consejo General del Poder Judicial, entre 1985 y 1990. Tres años después, fue nombrada ministra de Asuntos Sociales. En un ambiente de declive del 'felipismo', la presencia de Alberdi en el Gobierno aportó un soplo de aire fresco gracias a sus dotes oratorias y mediáticas -verbo preciso, estilo contundente, calma en todo momento- y a la ventaja que le proporcionaba el no estar asociada al desgaste de otros tras trece años de poder.

Pero estas sensaciones coyunturales no deben hacer olvidar su imperturbable hilo conductor en cada cargo institucional que desempeñó: la defensa de los principios progresista, de forma notable en lo tocante al divorcio y al aborto. La baza de Alberdi era su buena gestión de los tiempos -publicación de libros en los setenta, recién plasmada su conciencia feminista, fomento de los cambios legislativos en los ochenta y plenitud del éxito en los noventa- para no desentonar en ningún momento del ritmo de evolución de la sociedad española. Dicho de otra forma: sin generar crispaciones que pudiesen perjudicar a la causa con la suficiente eficacia como para generar, tal vez desgraciadamente, una huella progresista duradera en la España contemporánea.

Una eficacia que también usó en sus últimos años para defender la España constitucional, la de la Transición y su consenso, y para mostrar su hartazgo en fechas recientes para con las situaciones de deterioro institucional. La que afectó hasta hace pocos días al CGPJ, por ejemplo.