La memoria es algo, ciertamente, personal. No se puede levantar una memoria colectiva –y menos, escrita– por una parte de la sociedad. En la aberración jurídica de la Ley de Memoria Democrática solo aparece la mano del Gobierno socialcomunista para dividir a los españoles. No hay ningún motivo noble en tal iniciativa y, lo que es peor, es profundamente antidemocrática, además de poseer un sesgo histórico anticientífico. Se pretende imponer a todos los ciudadanos un pensamiento único, un relato excluyente que no admite contradicción alguna y que coarta la capacidad de estudio o reflexión acerca de una guerra en la que el ochenta por ciento de sus contendientes no pudieron escoger el bando. Se han empeñado en resucitar a Franco y lo han conseguido. Cuanto más se empeñan en borrarlo, más lo ponen de actualidad. Y es que sobre algunas cuestiones es difícil legislar. No hay nada más intolerante e ineficaz que imponer autoritariamente la memoria colectiva. Imponer un visión sectaria y frívola de lo que ocurrió en España hace más de ochenta años es una pretensión autoritaria, impropia de una democracia. La gente tiene derecho a recordar lo que quiera, a escribir sobre lo que quiera e incluso a olvidar, si ello es menester. Ningún Parlamento en el mundo tiene la facultad de legislar sobre la verdad o sobre lo que cada uno quiere pensar y recordar. La memoria es algo, ciertamente, personal.
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