¡Todos al diván!

Los trabajadores del metal amenazan con un final de año caliente, enfrentándose cuerpo a cuerpo, con extrema violencia –tornillos incluidos– a la policía. Entienden que no tienen nada que perder, porque no tienen trabajo. Todas las asociaciones y sindicatos que representan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a manifestarse contra el Gobierno porque entienden que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana les deja a los pies de los caballos frente al delincuente y amenaza la tranquilidad de los ciudadanos. Los transportistas han convocado paro a las puertas de Navidad porque les obligan a hacer carga y descarga y asumen unos costes inasumibles que el Gobierno va a elevar imponiendo peajes en las autovías. Los ganaderos amenazan con parar si les siguen pagando la leche por debajo del coste de producción. Y ninguna de todas estas protestas ha surgido y se gestiona en los despachos de los grandes sindicatos de clase, los que han recibido el mandato constitucional de representar a los trabajadores. Con su anuencia, el ministro de Seguridad Social acaba de bajar el salario a todos, vía incremento de las cotizaciones sociales. Magro consuelo supone que paguen más los empresarios, puesto que acabará redundando en una subida del desempleo.

Esta es la España de hoy, un país al que están a punto de estallar las costuras porque hay mucha gente que ya no puede más. Con el tiempo, si nos atenemos a las estimaciones del Banco de España, gabinetes de análisis y organismos internacionales, todo irá a peor. La mayoría de los ERTE que siguen vigentes se transformará en ERE y la actividad no recupera el pulso porque los ciudadanos, descreídos ante las fantasías oficiales y asustados por unos precios en ascenso, no consumen más que lo imprescindible. Pero en la Moncloa no están a estas minucias de la calle, ellos han llegado al Gobierno para dedicarse a asuntos mucho más elevados.

Los señores diputados de PSOE y Podemos han decidido derogar parcialmente la Ley de Amnistía de 1977 para juzgar a un dictador que lleva cuarenta años muerto. Si consuela a las víctimas el reconocimiento a la Justicia al que tienen derecho, bienvenido sea. Ahora bien, resulta cuando menos paradójico, sino freudiano, este empeño de nuestros próceres en enmendar a sus padres y abuelos. Revocan leyes que ellos aprobaron y, sin embargo, torean bordeando la legalidad las vigentes en aras de un supuesto anhelo de reconciliación nacional a todas luces imposible porque una de las partes no lo quiere. Obviamente, resulta más cómodo juzgar a Franco que a los compañeros de Otegi. Retiraremos más placas de generales ya desconocidos de nuestras calles, pero las víctimas vivas de los asesinatos de ETA seguirán sin obtener la reparación que legalmente merecen.

Y, en cuanto a la calle, eso es algo demasiado común y vulgar para ellos. Para esos menesteres, ya está Tezanos.