Manuel Castells sorprendió en su comparecencia en el Congreso de los Diputados por el inicio del curso académico 2020/2021 con unas frases dignas de cualquier profeta apocalíptico. El sociólogo, con todo el peso de sus miles de citas académicas aseveró, delante de unos sorprendidos próceres de la patria, que «El mundo está en peligro. Este mundo se acaba». El estupor inicial abría la puerta de par en par a dos reacciones posibles: el pánico o la chanza. Como estamos en España, pueblo conocido en el orbe por su fino y agudo sentido del humor, mayoritariamente nos inclinamos por la segunda. El resultado, en un mundo digital y una sociedad en red, se materializó en un nada desdeñable número de memes. Yo, en cambio, creo firmemente que tiene razón: este mundo, tal y como lo conocemos, se acaba.
Supongo que al sabio albaceteño no le gustó ser objeto de algazara y se puso a manos a la obra para apoyar esa mudanza que él mismo había pronosticado, en una especie de profecía autocumplida. Como su ámbito de influencia es el universitario, decidió salir del letargo de sus primeros meses en el cargo y empezar a generar de forma prolífera decretos, leyes, informes y otra normativa.
Los primeros momentos de la pandemia fueron difíciles en las aulas universitarias. Se pasó de lo que Alfonso X denominó en las Partidas como «ayuntamiento de maestros et de escolares que es fecho en algún lugar con voluntad et con entendimiento de aprender los saberes» a un «sálvese quien pueda», especialmente por parte de las autoridades ministeriales. Todo el sistema se esforzó para conseguir que no fuese un año en blanco y gracias a ese compromiso común y conjunto se pudo digitalizar docencia y exámenes y apoyar a los estudiantes que carecían de los medios que el nuevo contexto exigía.
Quedaba el momento de la reconstrucción. Y creí que iba a tener razón. El mundo iba a cambiar para bien. El primer borrador de real decreto que surgió de su Ministerio consagraba la posibilidad de grados de duración similar a los europeos, tres años y superaba el rechazo atávico de la izquierda a una medida que, tras la igualación de precios de máster y grado que dejó incluida en los presupuestos de 2018 el Gobierno saliente, beneficiaba especialmente a las rentas bajas. Pero poco dura la alegría en casa del pobre.
El ministro Castells no resistió ni cinco minutos los embates de estudiantes y de las huestes enquistadas en aulas y claustros de Unidas Podemos. Retiró el borrador y a los pocos meses, pandemia mediante, decayó en su brío e inició una serie de medidas que consagraban no una universidad moderna y preparada al cambio, sino una universidad rancia, heredera de un pasado muy pasado, superado en todo nuestro entorno y que, de momento, impide que haya títulos de tres años excepto para aquellas instituciones que formen parte de consorcios europeos.
Esto genera, de facto, universidades y titulaciones de primera y de segunda. Aquellas élites con el conocimiento académico suficiente podrán aprovechar para que sus hijos se eduquen en un marco europeo multilingüe y egresar en tres años. El resto se queda lejos de Europa y tendrá que permanecer un año más, lo que no sólo supone un gasto mayor, sino también retrasar un año su acceso al mercado de trabajo, con el correspondiente coste de oportunidad.
Por supuesto, y de la mano con la medida anterior, decidió atacar a la libertad de mercado. Supongo que quienes apoyan a Castells no gustan de la iniciativa privada y de la libertad de elección de las familias. Así, bajo la excusa de mejorar la calidad del sistema universitario, eliminó el modelo de especialización universitario, que favorece la creación de universidades líderes en su área. Esta tendencia, que está demostrando su éxito en diversos países europeos y en consorcios públicos en España, molestaba porque permitía competir con éxito a la privada, especialmente en Madrid, donde el consejero Ossorio está consiguiendo crear un hub universitario, capaz de atraer talento internacional tanto en la oferta pública como en la privada.
La solución, muy progresista, pero sobre todo muy conservadora: universidades generalistas decimonónicas donde es imposible que la oferta privada esté cómoda.
Reconozcan que la historia se empieza a poner interesante. El Plan de Reformas nacionales incluye, entre sus medidas, la de la actualización del sistema universitario. Hay dos opciones. Por un lado, un modelo dinámico de universidad, flexible, de futuro que dote a la sociedad del nuevo mundo, el que suceda a este que se acaba, de un dinamismo que ahora no tiene. Por otro podemos reclinarnos en nuestro diván disfrutando de nuestra universidad pública, y de su calidad, que es mucha y, cual Nerón tocando su lira mientras Roma arde, seguir con recetas anticuadas e ideológicas que hagan que, efectivamente, el mundo esté en peligro. Pero como diría Michael Ende, eso es otra historia que habrá que contar otro día.
- Jorge Sainz es catedrático de Economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.
