Armas, ¿para qué?
Todo apunta a que han primado más las conveniencias políticas e industriales que las necesidades de nuestra defensa. De ser así, no sería la primera vez
En estos últimos días hemos podido leer en la prensa periódica, comenzando por este medio, un buen número de artículos sobre las inversiones que el Ministerio de Defensa va a realizar en programas militares de alto coste. Tras años de sequía en este terreno y bajo la presión de ser uno de los Estados miembros de la Alianza Atlántica que menos invierte en capacidades, estas informaciones han sido recibidas con cierto alivio, cuando no con indisimulada alegría.
Sin embargo, algo falla en el procedimiento seguido. Las capacidades son instrumentales. Se adquiere un sistema de armas para una determinada función. Esa función es, debería ser, el resultado de una política de defensa que desarrollara en este terreno los principios establecidos en la Estrategia de Seguridad Nacional. Dicho de manera más sencilla, si tenemos claro cuáles son los riesgos, retos y amenazas a los que tenemos que hacer frente, podremos concluir, tras un análisis en profundidad, qué medios diplomáticos, comerciales y militares necesitamos. No se trata de coleccionar armamento sino de dotarnos del que creemos que vamos a requerir. En términos OTAN, no se trata de gastar sistemáticamente en defensa el equivalente al 2 por ciento del PIB, sino de gastar más o menos esa cantidad en lo que realmente necesitamos para garantizar nuestra seguridad y nuestros intereses.
Recientemente se ha publicado la última edición de la Estrategia de Seguridad Nacional española, obra del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Fiel a la tradición establecida por gobiernos precedentes, el documento, a pesar de su título, no contiene ninguna estrategia. No seré yo quien critique a nuestro presidente del Gobierno por no tomarse en serio algo tan importante, cuando sus predecesores hicieron lo mismo. Pero si no hay estrategia no puede haber en propiedad ni política exterior ni de defensa. Se sucederán actos, pero sin la coherencia que cabría esperar de un Estado como España.
Un ejemplo lo encontramos en las inversiones antes citadas. Se valora su positivo efecto sobre la industria nacional, pues nuevos encargos suponen expectativa de futuro para algunas de nuestras grandes empresas. Los sindicatos celebran la garantía del mantenimiento de puestos de trabajo… pero nadie parece hacerse las preguntas obvias: ¿Son estas inversiones las que nuestras Fuerzas Armadas necesitan para dar cumplimiento a la misión que la Constitución les confiere? ¿Qué papel han jugado nuestros generales y almirantes a la hora de decidir qué se adquiría? ¿Qué criterios se han seguido en la elección? ¿Cuáles han sido los términos del debate parlamentario sobre la idoneidad de una inversión en función de nuestros objetivos estratégicos?
Todo apunta a que han primado más las conveniencias políticas e industriales que las necesidades de nuestra defensa. De ser así, no sería la primera vez. En cualquier caso, sin saber qué queremos resulta complicado resolver qué necesitamos. Pensar que por formar parte de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea estos temas están resueltos es de una ingenuidad irresponsable.
