¿Solo el hijo del duque de Feria?

Los medios ya tenemos un juguetito con que entretenernos: la Fiscalía Anticorrupción acusa al hijo de un noble y de una celebrity y a su espabilado amiguete de embolsarse seis millones en concepto de comisión por la venta al Ayuntamiento de Madrid de mascarillas, guantes y test por parte de un proveedor de Malasia. Parece ser que Luis Medina, segundo hijo del fallecido y poco ejemplar duque de Feria, y de su esposa y residente en el Hola, Naty Abascal, se ofrecieron, a través de un primo del alcalde Almeida, para traer material sanitario de Asia, cuando la pandemia mataba cientos de personas diarias. Ya sabemos incluso que estos émulos de Rinconete y Cortadillo de pelo engominado se compraron, con el dinero obtenido, casoplones, coches de lujo, habitaciones de hotel a 6.000 euros la noche y así un mareante catálogo de carísimas golosinas.

La izquierda en Madrid ya cree haber descubierto el segundo watergate del año, tras la cacería abierta –es verdad que la munición la proporcionó el propio PP– contra el hermano de Díaz Ayuso por la intermediación también en la compra de material sanitario. Adelante con la investigación en ambos casos porque si hay algo deleznable es que la picaresca se ensañe con la urgencia que España tenía de proteger a sus sanitarios y a los ciudadanos en el peor momento de la pandemia.

Pero hay por ahí otros 326 milloncejos en doce contratos que el Gobierno de España adjudicó fuera de todo control a siete empresas, con relaciones familiares que salpican a miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, de los que nadie sabe nada. Ni una palabra en el portal de transparencia ni en la boca de los progresistas y feministas del Congreso y de la Asamblea de Madrid ni en las portadas de los periódicos que se están relamiendo con los Ferrari del chico de Feria y su amigo. Pura delicatesen para la izquierda.

Pero a los de a pie también nos gustaría conocer, según obra en la denuncia presentada ante la Fiscalía, por qué se adjudicaron 40 millones de euros a una empresa que operaba en Guinea y Mauritania, cuyo volumen de negocio, antes del chollo de las mascarillas, fue de cero euros, y que era muy bien vista por el entonces ministro Ábalos. O por qué se licitaron otros 532 millones a la empresa Páginas Amarillas, organismo vinculado con el marido de Nadia Calviño. O por qué se pagaron 263 millones de euros a un ente cuya administradora estaba condenada por delito de estafa, con amistades en el entorno de Salvador Illa.

Porque el caos con que se gestionó la pandemia no solo repercutió en que España siga siendo el país con mayor número de fallecidos (no los oficiales, los de verdad), sino en la adjudicación opaca de decenas de contratos (algunos tan chapuceros que hicieron sonrojar al país), que eludieron, gracias al estado de alarma, todos los contrapesos que tiene una nación democrática. El Tribunal Constitucional ya ha sentenciado contra el Gobierno y el Parlamento por la gestión política. Ahora solo queda que la Fiscalía sea diligente y llegue hasta el final en la posible malversación. Para ello ha de abrir el abanico: no solo Almeida y Ayuso tienen parientes. Mientras nos limitaban los derechos de libre circulación, reunión y residencia, es posible que hubiera familiares del Gobierno que no se dedicaron precisamente a cambiar los armarios cuando estábamos confinados.