Un cuento chino

Érase que se era tres altos cargos de un Gobierno que hicieron cosas tan chulísimas como gastarse 310 millones de euros públicos durante la primera ola de la pandemia en 56 contratos de material sanitario con resultados abusivos. Alfonso, Paloma y Patricia, los tres funcionarios investigados, han sido llamados a declarar a los Juzgados de Plaza Castilla porque, según la magistrada, no actuaron con la solvencia y profesionalidad que les era exigible, sino que pudieron incurrir en delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude.

Los tres angelitos fueron imputados tras detectar la juez en los expedientes afectados numerosas irregularidades en un mercado que estaba colapsado. Entre otras, que algunas de las empresas que fueron agraciadas con la tómbola del dinero público no eran idóneas para suministrar mascarillas, guantes o respiradores y menos a precios desorbitados. Incluso los tres mandamases licitaron transferencias de caudales públicos a mercantiles chinas que no tenían ni domicilio fiscal ni dirección alguna, o a empresas españolas que se dedicaban a la alimentación y que por arte de birlibirloque terminaron vendiendo respiradores. Eso es emprendimiento.

Uno de los investigados manifestó en el juzgado que esas compras se hicieron con el conocimiento inmediato de su jefe, el ministro de Sanidad, al que mantenía informado dos veces al día de todo lo que hacía. Las tres criaturas han testificado que se fiaron de la embajada de España en Pekín a la hora de elegir las adjudicatarias, lo cual incumple flagrantemente la obligación de conocer fehacientemente quiénes son y qué experiencia tienen los contratados.

Los tres empleados públicos han explicado que todo se debió a la premura con que se acometieron las compras debido a la gravedad de la pandemia. Es decir, 56 pelotazos que fueron a parar a compañías sin identificación, localización y fiscalización, mientras cualquier currito que vaya a servir una caja de servilletas de papel a un Ministerio necesita acreditar mediante certificado de Hacienda y de la Seguridad Social su capacidad para contratar con el sector público. Si no, se va con las servilletas a su casa.

Olvidé decir que esos tres altos cargos no trabajan en el Ayuntamiento de Almeida, ni son amigos del hermano de Díaz Ayuso, ni probablemente conozcan de nada a Luis Medina. Son excelentísimos cargos de confianza de Salvador Illa (y los hay también de José Luis Ábalos) y, por tanto, capacitados para comprar material de vida o muerte en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero cómo se van a comparar esos 310 milloncejos chulísimos con el barquito del hijo de Naty Abascal. Dolores Delgado sabe dónde pone el ojo: detecta el lujo y las comisiones abusivas al vuelo.