La pecadora Laura

La persecución de las cloacas españolas, del Estado represor, consistía realmente en investigar a los corruptos independentistas, que mentían y robaban a espuertas. Pujol, Puigdemont, Junqueras y toda su tropa han esquilmado las arcas públicas mientras envolvían su delito con la senyera o la estelada, según el mayor o menor grado de wifredismo que les embargaba. Así, la familia del expresidente, por ejemplo, se constituía en una organización criminal para robar y vendía que España le perseguía políticamente. Esa soflama, comprada vergonzosamente por el presidente del Gobierno de España, ha servido para indultar a los golpistas y malversadores (no se olvide que sobre ellos también pesan delitos de corrupción) y ahora la ha subcontratado una fámula del procès, Laura Borràs, que es el último sucedáneo que le queda al separatismo de la antigua Convergencia, la encarnación misma de la incompetencia, la vulgaridad y el sectarismo. Y con esos atributos y la sede vacante de Junts por el viaje de placer indefinido de su jefe a Waterloo, esta filóloga que odia a España fue de cabeza a la Presidencia del Parlamento catalán, de donde ayer la desalojaron sus mentores y hoy enemigos: ERC, PSC y la Cup.

Lo grave es que fue nombrada segunda autoridad autonómica cuando ya tenía un sucio, sucísimo, asunto sobre sus espaldas de los tiempos en los que la iletrada Borràs dirigía las Institución de las Letras Catalanas. Se ve que como la promoción del catalán y el castigo al español se lo hacían desde el Gobierno de la nación, Laura tenía todo el tiempo del mundo para surtir de dinero público a su más íntimo amigo, un elemento llamado Isaías, que resulta que sumaba a su relación con Laura un expediente delictivo imbatible: estar condenado a cinco años de prisión por tráfico de estupefacientes, falsificación de moneda y su mejor atributo, haber enganchado la luz ilegalmente. Hay que reconocer que la líder independentista se las bastaba sola para elegir compañeros de vida. A este figura le adjudicó la generosa Laura dieciocho contratos. Ni uno ni dos. Contratos con el dinero de los españoles (entre ellos, los catalanes) que concedió en pequeñas porciones de 18.000 euros, para no requerir intervención previa, a un amiguito del alma, «amigo íntimo» cuentan con sorna en la Generalitat, y así, euro a euro, hasta 260.000 se llevó el muchacho, que luego se jactaba con sus colegas de que ella, la conseguidora, le estaba llenando la cuenta con sus «trapis», trapicheos para Isaías.

Pues bien, esta independentista, que se refiere a los españoles como «esos castellanos» y cuyas incursiones en las redes sociales son impropias de un cargo público (hasta se llegó a ufanar de que Biden le había enviado un regalo y una felicitación navideña), ha sido procesada por prevaricación, malversación continuada, fraude y falsedad documental y, siguiendo el magisterio de Mónica Oltra, se amarraba al cargo pese a su turbio futuro judicial hasta que la han suspendido. La institución que preside ya había caído muy bajo, silenciando a la oposición y secundando el golpe de Estado de octubre de 2017 con la inigualable Carmen Forcadell, pero ahora con esta imputada su prestigio estaba en paralelo al trazado del suburbano. La interfecta Borràs, que tiene uno de los sueldos más altos de la Administración (158.399,58 euros españolazos), es otro producto más del régimen sanchista, donde el nacionalismo y la izquierda pueden delinquir porque lo hacen por un bien superior (la identidad catalana o los parados andaluces) y si son pillados siempre vendrá Pedro Sánchez en su auxilio para constatar que, se llame Laura Borràs o se llame Pepe Griñán, por culpa de la destructiva derecha, «pagan justos por pecadores».