Plus Ultra, Sánchez y Feijóo

El Debate pone hoy a disposición de la opinión pública, de los partidos políticos, de los medios de comunicación y de cuantas asociaciones y particulares quieran conocerlo, difundirlo y utilizarlo, el documento «confidencial» que durante año y medio ha guardado el Gobierno en un cajón con siete llaves, sirviéndose de todas las artimañas imaginables para evitar que se conociera.

No lo consiguió y, tras un laborioso trabajo del departamento de investigación de este periódico encabezada por Julio R. Naranjo, que además de hermano es sin duda el mejor especialista de España en Transparencia y el tío que ha cambiado para siempre esta rama tan compleja del periodismo especializado, tuvo que entregárnoslo obligado por la ley.

Se trata del informe de 22 páginas que el Ministerio de Transportes perpetró para que, a su vez, el Ministerio de Hacienda soltara a través de la SEPI 53 millones de euros de rescate a Plus Ultra, apenas un mes después del encuentro clandestino en Barajas de José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez y poco más de un año antes de la fulminante destitución del entonces ministro de Transportes, hombre clave en la llegada de Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE.

Cualquiera que no conociera la historia, leería el documento y creería, probablemente, que se redactó para rechazar la concesión de una millonada y no para intentar legalizarla: Plus Ultra, dicen los técnicos del Ministerio, es una aerolínea sin aviones propios; con una cuota de mercado similar a la del cerdo en un país musulmán y con una situación de pérdidas desde su estreno, en 2015, que legalmente la excluye del fondo público desde el que salió el dinero, reservado y exclusivo para compañías que entraran en crisis en 2020, acuciadas por la pandemia.

Que aun reconociendo todo eso y poniéndolo por escrito, la SEPI autorizara el desembolso, resulta sospechoso, cuando no ilegal a tenor de la literalidad del decreto impulsado por Pedro Sánchez que definía muy bien las causas por las que cualquier empresa podía reclamar el auxilio del Estado. Pero que no pase nada, resulta escandaloso. ¿No hay un solo juez o fiscal en España que tenga nada que decir? ¿Dónde están todos esos que abren en medio minuto una causa cuando Marlaska se inventa una agresión homófoba o se acusa a un delegado de Vox de negligencia en los incendios que allá donde gobierna el PSOE son producidos por el cambio climático? ¿Y la oposición del PP y de Vox, está ya de vacaciones o cree que con ver pasar el féretro de Sánchez es suficiente y para qué meterse en líos hasta entonces? ¿Dónde quedan la decencia, el sentido del deber, el respeto a la ciudadanía y la responsabilidad institucional más elemental?

Que en la semana de los ERE irrumpa el rescate de Plus Ultra con una filosofía similar sobre el uso caprichoso de fondos públicos ofrecía un contexto inmejorable para exigirle respuestas a un presidente que, mientras, se dedicaba a quitarse la corbata y a presumir de Transparencia con la misma credibilidad que un caníbal disertando sobre la comida vegetariana.

Y que la respuesta del PP haya sido tan dura como un pellizco de monja, pidiendo la fiscalización de los Fondos Europeos que nada tienen que ver con el rescate a Plus Ultra; avala la teoría de que le da igual cuanto abusos cometa Sánchez y qué daños provoque si el resultado electoral es dentro de año y medio el esperado.

Hacer lo correcto nunca debiera estar condicionado por razones tácticas, cálculos políticos, estrategias electorales o cualquier otra circunstancia ajena a las obligaciones institucionales, legales e incluso éticas que se tienen a tiempo total en el desempeño de la función de oposición.

Y además no es práctico: si Sánchez ha demostrado algo es que, perdonándole la vida cuando se le cree muerto, resucita como Lázaro en el último momento y sale de ataúd más fresco que una lechuga y más armado que uno de esos zumbados de instituto americano.

Pero nada, Feijóo, a descansar un poquito, a ser posible en esa Galicia quemada de arriba abajo por el calentamiento global. Hasta que llegue el nuevo Fiscal General del Estado y, a cambio de tanta anuencia con Sánchez, decida que el PP gallego es pirómano, corrupto, narcotraficante o lo que sea menester. Porque ellos no hacen prisioneros: ni siquiera aunque se encierren voluntariamente en una celda.