Todos a protestar en la calle

Si todos los desafíos a la legalidad perpetrados por Sánchez son graves, su ausencia de arrepentimiento y rectificación le hacen irrecuperable en términos democráticos: cuando fracasa en su intento de asalto a la separación de poderes por la puerta de atrás, perfecciona el método para que, siendo igual de ilegal, se demoren los plazos de respuesta y se haga más difícil la réplica.

Es lo que ha hecho con el Tribunal Constitucional: primero aprueba una reforma en fraude de ley y, cuando fracasa en el acoso por la resistencia de seis magistrados decentes rodeados de otros cinco sumisos, busca un camino alternativo que le permita lograr el objetivo.

Aunque sea, como va a ser en este caso, aprobando otra ilegalidad pero, eso sí, por el procedimiento legal correcto: cuando la modificación espuria de las mayorías necesarias para renovar el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial se puedan declarar ilegales, que lo son, ambos órganos estarán ya en su mano y se dedicarán a proteger un atraco democrático sin precedentes en Europa.

Porque en este caso no solo fallan las formas, también el fondo: no solo es inconstitucional utilizar un atajo para imponer un fraude de ley; también el propio fraude se mantiene aunque se utilice el camino parlamentario correcto para perpetrarlo.

Y hacerlo a sabiendas de que el periodo existente entre la «legalización de una ilegalidad» y su inevitable ilegalización es lo suficientemente largo como para controlar al árbitro, cambiar las normas y expulsar al rival, termina por identificar a Sánchez como un autócrata sin límites.

Que, como decía Huxley, envuelve las ideas más siniestras con una retórica pomposa para disimular la naturaleza de sus intenciones. Y en este caso la idea no puede ser peor: adaptar la Justicia a sus necesidades y, como Chávez en la Venezuela de 2004, recubrir los abusos más perversos de una aparente legalidad que lo justifique todo.

Nada es justo por ser legal; ha de ser primero justo para ser legalizado, pero a Sánchez no le importan ni el procedimiento ni las consecuencias. Solo el poder.

Llegados a este punto, con las barreras constitucionales a punto de caer, la prensa crítica señalada, el Parlamento tomado por una mezcla de populistas, insurgentes y revolucionarios y la reacción interna del PSOE acallada, solo queda un último recurso.

Que la ciudadanía sea consciente de la magnitud del desafío y, de manera masiva y pacífica, se eche a la calle a protestar: no hacen falta banderas ni bandos, ni partidos políticos al frente, ni desde luego broncas ni improperios.

Nos hace falta algo mucho más contundente y sencillo: concentrarnos frente a Moncloa en silencio, de forma pacífica; juntarnos cada domingo en la plaza del pueblo; colgar un lazo negro en la terraza; aplaudirle desde el balcón a la Constitución a la misma hora en toda España y decirle al sátrapa y a sus aliados, sin una voz de más ni una presencia de menos, aquello de que el pueblo unido jamás será vencido.

Sánchez no le está echando un pulso a Feijóo, a Trevijano, a Abascal o al Rey: nos lo está echando a cada uno de nosotros y si todos lo decimos y todos defendemos la democracia, frenaremos esta insoportable deriva autoritaria.

Porque Sánchez puede asaltar el Constitucional, paralizar el Congreso, someter al Poder Judicial y enterrar la separación de poderes. Pero no hay cojones suficientes para detener a un pueblo cansado de que le roben la democracia en su cara para darle placer a un tirano y a los delincuentes que le acompañan.