'Puchi', en Falcon a España

Érase una vez un político que distrajo 3,3 millones de dinero público en propaganda independentista. Años antes, su antecesor fue a ver al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, para reclamarle un régimen especial para los catalanes, que les evitara contribuir al bienestar del resto de españoles con el fin de que todo lo que ingresaran fuera para ellos. Pacto fiscal lo llamó. Aquel presidente le dijo que nones. Y Carles Puigdemont i Casamajó, el heredero de aquel separatista llamado Artur Mas, siguió desviando pasta para sus delirios. Millones de catalanes se dejaron engañar y pensaron que ese dinero iba a conducirles a la Arcadia feliz, a un referéndum de autodeterminación cuyo único parangón reconocido por la ONU es el Congo, todo un espejo de democracia avanzada en el que mirarse.

Pasaron los años y aquel aficionado a usar el dinero público para sus obsesiones identitarias decidió además vulnerar otros artículos del Código Penal y organizó una republiqueta desde las mismas instituciones que le pagaban para hacer justamente lo contrario: respetarlas y hacerlas respetar. Es decir, atacó a la Constitución cuyo marco jurídico le permitía presidir una autonomía, como representante ordinario del Estado. Cuando aquel Estado al que subestimó respondió con el artículo 155 de la Constitución y con la ley para combatir la rebelión, el delincuente con más densidad capilar que neuronas se metió en el maletero de un coche y se largó a uno de los países europeos que más gala hace de la estulticia, Bélgica. Allí ha sesteado viviendo de la contribución de los recalcitrantes independentistas y quién sabe si también del bolsillo de los españoles.

Mientras, sus compañeros de aventura que sí se quedaron para afrontar (por breve tiempo) sus responsabilidades penales, decidieron matar dos pájaros de un tiro: apuntar contra el pájaro de cuenta que habita en Moncloa para que, a cambio de un puñado de votos, les indultara y rebajara sus penas económicas, y simultáneamente romper con el cobarde que huyó a Bélgica, una rémora para ERC que ya nada aportaba a su presente de vino y rosas (socialistas). Pero el pasado llama a la puerta de Sánchez y Junqueras: el prófugo dejó ayer de ser perseguido por el delito de sedición, gracias a la reforma sanchista, la alta traición que ejecuta un representante público contra el mismo Estado que le confiere su poder.

Con todo, y a pesar de los errores que se cometieron durante ese octubre negro de 2017, si algo bueno aprendimos es que nuestro Estado (el ordenamiento jurídico principalmente) tenía herramientas suficientes para parar el golpe. Hoy, gracias a Pedro Sánchez, ese mismo Estado ha quedado desprotegido, con sus vergüenzas al aire (para vergüenza la que vamos a pasar en Europa) y con seis artículos de nuestro Código Penal, del 544 al 549, más vacíos que el centro de un dónut. Ayer el juez Llarena, uno de los altos funcionarios a los que el Gobierno ha desautorizado con su aberración, dejó de acusar a Puchi de sedición, pero apunta a la desobediencia, lo que le permite mantener la malversación, que sí acarrea penas de cárcel. El magistrado tuvo que retirar las euroórdenes y ya solo pesa sobre el expresidente catalán una de detención nacional. Por no hablar de Ponsatí y Rovira, otras dos prófugas que ya no se enfrentan a penas de prisión y podrán venir con fanfarria incluida.

Puigdemont se fue escondido en un maletero, pero su abogado Boye (otro prenda al que la Fiscalía Anticorrupción pide diez años de cárcel por blanquear dinero de Sito Miñanco) ha dicho que le espera por España para la primavera. No descartemos que vuelva en el Falcon de Sánchez y que este le preste las gafas de aviador, para regresar a lo top gun sobrevolando nuestro bochorno.