La pesadilla legislativa

Supongo que habrá muchos españoles felices con las leyes aprobadas en esta legislatura, pero no creo que entre ellos se encuentre ningún rendido amante de la vida y la libertad. Los últimos episodios de esta descabellada y frenética acción legislativa han sido la Ley contra la violencia de género, la reforma de la regulación del aborto y la ley sobre la transexualidad. Constituyen un compendio perfecto de fanatismo ideológico, incompetencia técnica y renuencia a rectificar ante el desastre. Acaso sepan que, según el dicho, rectificar es de sabios. Lejos de ellos la funesta manía de rectificar. Un Gobierno de necios es siempre insoportable. También lo es uno de malos, pero la mezcla de ambas cualidades es una catástrofe letal. Nietzsche escribió que «el poder vuelve estúpidos a los hombres», pero parece que a unos más que a otros y que algunos llegaron a él siendo ya estúpidos. Y si rectifica es a golpe se encuesta. Sería interesante conocer las que le pasa su CIS. Hay una cosa buena en este Gobierno, y es que trabaja denodadamente a favor de su propia destrucción. Quizá su rasgo más genuino sea la mentira. La mentira como programa político. Sánchez dijo que nunca gobernaría con Podemos y gobierna (haciendo un uso generoso de la palabra), y dijo que jamás se apoyaría en Bildu y los demás separatistas y se apoya. La mentira como forma de gobierno y régimen político.

La ley del «sólo sí es sí» ha tenido dos éxitos espectaculares: socavar la presunción de inocencia e invertir la carga de la prueba, y provocar centenares de rebajas de condena y excarcelaciones de delincuentes sexuales. Por fin, las mujeres tienen derechos y es necesario su consentimiento para que no exista delito. Ignoro lo que estas egregias juristas pensarán que hacían los jueces hasta que llegaron ellas.

La reforma de la ley del aborto, aparte de mantener el «derecho» a abortar de las menores sin autorización paterna, elimina la necesidad de informar a la mujer que ha decidido abortar sobre las posibilidades que existen para que, en su caso, pueda desistir de hacerlo. Se trata de entronizar algo así como el consentimiento desinformado. Se ve que la libertad se ejerce mejor si uno carece de información suficiente. En cierto modo, es un reconocimiento tácito de culpa. Si uno impide que se conozcan ciertos hechos, es porque está seguro de que la realidad destroza su ideología. Pienso que lo mejor sería volver a la regulación de extrema derecha aprobada por Felipe González.

La llamada ley «trans» constituye una de las mayores aberraciones jurídicas perpetradas en la historia de España. Deja tomar decisiones precipitadas e irreversibles de los adolescentes sin participación de sus padres, permite los tratamientos hormonales y operaciones quirúrgicas que entrañan la castración, se basa en planteamientos científicos y médicos completamente equivocados, aumentará el sufrimiento de las personas y, en el fondo, apenas encubre una posición contraria hacia el feminismo y la homosexualidad. Y ya se nos vienen encima los animales.

Este es el nuevo desorden legislativo. Este Gobierno está consiguiendo, no ya que las leyes vulneren la Constitución, sino que directamente delincan (se entiende, quienes las aprueban), pues, así como hay derechos naturales, también hay delitos naturales. Pero el problema de la inconstitucionalidad ya ha sido resuelto por el Ejecutivo con la sumisión del Tribunal Constitucional, que se ha convertido en una especie de tribunal de garantías gubernamentales, en defensor del Gobierno. Siempre nos quedarán como consuelo los votos particulares. El termómetro del aprecio a la libertad política lo mide con sutil precisión la actitud hacia la división de poderes. No hay déspota que no la desprecie. Una vez perdida toda esperanza en el actual Tribunal Constitucional, sólo nos quedan las elecciones. Sólo las urnas pueden poner fin a esta atroz pesadilla legislativa.