¿Quién vigila al vigilante?

Cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno de España no le informaban con antelación de las detenciones del caso Púnica ni de ningún otro. Solía enterarse, como en cualquier otra democracia, a posteriori. Desde que Sánchez rompió las reglas de juego, la neutralidad democrática y los consensos, la institucionalidad en España peligra más que nunca. El PSOE sabe con anterioridad que la juez va a citar e interrogar a Tito Berni, el fiscal del caso se opone a su ingreso en prisión y la delegada del Gobierno en Cantabria avisa a Revilla de que la policía va a registrar una de sus Consejerías… y aquí no pasa nada. Todavía tenemos que aguantar las insolentes declaraciones del presidente cántabro.

La democracia española se ha deteriorado considerablemente en los últimos años. La Fiscalía ha perdido todo su prestigio, porque está contaminada desde la llegada de Dolores Delgado. Que una ministra de Justicia pasase del Ministerio a la Fiscalía General no tiene precedente y hasta una heroica jueza canaria tiene que sacarle los colores a un cuerpo del Estado que se supone está para servir a la Justicia y al bien común, no para ponerse de parte de un partido determinado.

Si no cuidamos a la democracia, sus usos y normas, sus consensos e instituciones, sus normas escritas y las sobreentendidas, si no hacemos eso, el país se nos va por el desagüe. Es increíble que nadie se escandalice y que nadie reaccione. Es inquietante que asistamos al progresivo deterioro del armazón legal y a la función legitimadora de nuestro sistema político. Cuando los fiscales actúan como lo están haciendo, al dictado del Gobierno, o lo que es peor, del PSOE, cuando las autoridades dan chivatazos, cuando se vende a las fuerzas del orden público, cuando todo eso ocurre quiere decir que nos deslizamos por la degradación paulatina de las instituciones. Tal vez la fatiga informativa o el efecto narcotizante de la sobreinformación nos lleva a un estado de apatía sobre las cuestiones públicas, pero nos jugamos mucho, porque la arbitrariedad y discrecionalidad de un organismo tan relevante como la Fiscalía puede terminar orientándose contra el ciudadano medio, sin capacidad para defenderse. Por eso vuelve a ser providencial que aparezca quien juzga al juez, quien fiscaliza al fiscal y quien vigila al vigilante y les exige responsabilidades. Todo se andará.