PP y Vox, en la hora de la calma

En España no existe la extrema derecha, pero sí tenemos una colección de radicales que, tras años pintarrajeando los retretes de sus institutos, gobiernan el país, algunas autonomías y no pocos ayuntamientos.

Porque el sanchismo, que es el peor de los extremos, ha sido paraguas y acelerador del chavismo castizo de Podemos, del neocomunismo pijo de Sumar, del separatismo xenófobo de ERC y Bildu y del cantonalismo cateto que ha proliferado a su estela en Baleares, Valencia, Melilla, Canarias y hasta Aragón.

La recreación artificial de un universo reaccionario y fascista ha sido, además de un truco barato para movilizar a la parte más indocumentada del electorado propio, una excusa para justificar la implantación de un radicalismo de verdad y tapar la sumisión a él de un dirigente político, Pedro Sánchez, con los mismos principios políticos que dietéticos tiene un buitre ante un ñu desmembrado por un león en la sabana.

La mejor manera de desmontar el mantra antifascista de Sánchez es hacerle una simple pregunta a todo el PSOE: si tanto le preocupa la «ola reaccionaria», ¿por qué no permite las investiduras allá donde el PP ha ganado sin mayoría absoluta?

La respuesta que da el sanchismo a esa cuestión, que es negativa, desmonta la peligrosa deriva antidemocrática que de manera sibilina intenta imponer en España: negar la posibilidad de alternativa al propio Sánchez, por la triple aceptación de un relato peligroso.

Porque si al PSOE hay que aceptarle su alianza, aunque sea con quienes buscan la destrucción de la España constitucional por distintas razones; al PP hay que negarle la posibilidad de acuerdos con un partido tan hosco en ocasiones como perfectamente democrático y necesario para fracturar el universo woke y además de los socialistas no puede esperarse trato alguno para alcanzar acuerdos de Estado ni salirse del «no es no» en investiduras y desbloqueos electorales, la conclusión es bien sencilla.

Todo lo que no sea dejar gobernar al PSOE, como quiera y con quien quiera, se declara ilegítimo y tal vez algún día ilegal, con el respaldo de la Brunete mediática que estigmatiza al PP y a Vox con la misma ligereza con que indulta, blanquea y ensalza a partidos y dirigentes partidarios de guillotinar al Rey, liberar al asesino de Miguel Ángel Blanco o dar golpes de Estado en autonomías sometidas a proyectos racistas.

Si el asalto a las instituciones y las reformas legislativas colocan a Sánchez en la senda de querer imponer un monocultivo ideológico de partido único sin contrapoderes limitantes, su discurso público de aislamiento de la alternativa y blanqueamiento de sus socios le da la cobertura para perpetrar la fechoría.

El trumpismo, si entendemos por tal un populismo exacerbado según el cual todo lo que no sea la victoria propia equivale a un pucherazo conspiranoico del sistema, lo encarna Pedro Sánchez en España, en una versión doméstica aún más peligrosa por la necesidad de combinarse con el resto de los radicalismos periféricos.

Si el PP y Vox quieren echar a Sánchez, deberían posponer sus necesarios acuerdos de fondo a después del 23-J, permitirse las investiduras sin condiciones, con rapidez y discreción, ahorrarse todo reproche y polémica entre ambos y entender que, ante el necesario desalojo de un régimen tóxico encabezado por un autócrata sin líneas rojas, todo lo demás puede y debe esperar.

Si tanto les preocupa la España sanchista a los dos, y es obvio que les preocupa, nada puede interponerse en la consecución de ese objetivo. Lo demás caerá por su propio peso una vez las urnas hayan enviado a Sánchez al pozo más negro de la historia reciente.